LA PAZ, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El partido boliviano de la oposición PODEMOS acusó al Gobierno de ese país de falsificar los 44 contratos petroleros que se suscribieron el pasado 28 de noviembre. Así anunció que entregará las copias de estos a la Fiscalía General para que investigue el caso.
Según ese partido el pasado 27 de octubre, el poder Ejecutivo firmó unos contratos con las petroleras, pero el 28 de noviembre finalmente entregó otros documentos al Congreso para su aprobación.
Los senadores de PODEMOS Luis Vázquez, Roberto Ruiz y Óscar Ortiz explicaron ayer en rueda de prensa los cambios que descubrieron en 44 contratos petroleros.
Estos afirmaron que en los contratos no solo hay errores en la forma sino en el fondo y que estos cambios afectan directamente a los intereses de Bolivia. En especial los funcionarios hicieron especial alusión a los cambios en el procedimiento financiero y contable en los documentos firmados con las empresas petroleras.
Vázquez dijo que los cambios van dirigidos a compensar a las empresas y que con los nuevos cambios las petroleras recuperarán los gastos derivados del daño ambiental, del derecho de servidumbre, de los gastos logísticos de personal y de las auditorías. Después de descontar esos gastos es cuando se realizará la partición de beneficios entre la empresa de hidrocarburos en cuestión y el Estado Boliviano, según informa hoy el diario boliviano 'La Prensa'.
El senador insistió en que para realizar estas variaciones, el Ejecutivo, simplemente alteró, aumentó o suprimió párrafos enteros en el anexo D, relativo a esas cuestiones.
"Es muy grave, hemos revisado y comprobamos que una versión es la que se firmó en el Palacio de Telecomunicaciones, y que fue publicada en la página web, y otra versión fue la que llegó al Congreso Nacional para su aprobación", afirmó el senador Ortiz.
El senador de PODEMOS anotó además que hay ciertos cambios que se consideran "delito de falsedad material e ideológica, por lo que los responsables deben tener una pena de cárcel de dos a ocho años".
Por otra parte, los senadores sostuvieron que las firmas de las hojas de los contratos no corresponden a quienes los suscribieron. Aunque de momento no han revisado los 44 contratos, los senadores de PODEMOS aseguran que ya se encontraron cambios en cinco de ellos y que sobre todo el anexo D es "prácticamente otro".
Vásquez indicó que estos cambios son considerados delitos de falsedad material e ideológica, por lo que la documentación va a ser entregada al Fiscal General de Bolivia para la investigación de los hechos. Además añadieron que le plantearán al Senado que inicie otra investigación sobre "lo que realmente ocurrió aquella bochornosa noche en la que senadores ilegalmente habilitados y de manera atropellada, en menos de una hora, aprobaron miles y miles de páginas de contratos que ni siquiera habían sido leídos en el Congreso".
RESPUESTA DEL MAS
Por otra parte, el jefe del grupo oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Santos Ramírez, dijo que las acusaciones de la oposición no atacan el fondo de los contratos petroleros, sino solo la forma de estos.
"Nos dan fechas y denuncian dos anexos D. Ahora hay un escenario excelente en el país y lo que vamos a hacer es colocar ante el país los 44 Contratos de Operación (CO) suscritos por el Gobierno y compararlos con los Contratos de Riesgo Compartido (CRC) de anteriores Gobiernos", dijo el senador del MAS.
Ramírez puntualizó que la distribución que era del 18 por ciento para el Estado y el 82 por ciento para las petroleras es ahora al revés ya que como mínimo Bolivia participa con un 50 por ciento y con un máximo del 82 por ciento. Finalmente acusó a los partidos tradicionales bolivianos de liquidar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).