LA PAZ, 25 Mar. (EP/AP) -
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos, asociación que agrupa a las principales petroleras que operan en el país, aseguró hoy en un comunicado que espera que el Gobierno del presidente Evo Morales respete y mantenga los acuerdos con las transnacionales. Hasta la fecha los nuevos contratos no entraron en vigor debido a presuntas irregularidades.
"Las empresas tienen derechos y obligaciones, y en cualquiera de los casos los beneficios son en gran parte para el Estado. Finalmente se llegó a un acuerdo y hay que respetarlo", dijo el portavoz de la organización, Yusself Akly.
Agregó, en declaraciones publicadas el domingo por el diario 'El Deber', que existe preocupación en el sector porque eventualmente se cambien "las condiciones establecidas", lo que "pondría en riesgo la seguridad jurídica".
El Gobierno cerró con doce petroleras las negociaciones a finales de octubre según el cual éstas aceptaron someterse a las reglas de la nacionalización que impuso un nuevo régimen tributario, pero la aplicación de los contratos se paralizó.
La oposición acusa el Gobierno de alterar el contenido de los documentos, pero éste alega que sólo de trata de errores en la transcripción de los textos.
El Senado, dominado por la oposición, abrió una investigación que reveló procedimientos poco transparentes en la firma de los acuerdos. El caso derivó en el cambio sorpresivo del presidente de la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Manuel Morales Olivera, principal negociador con las petroleras.
Morales fue sustituido el viernes por Guillermo Aruquipa, un técnico informático del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y con escasa experiencia en este campo.
Aruquipa afirmó ayer que investigará la gestión de su antecesor y se propuso impulsar la "refundación" de YPFB para que la empresa asuma efectivamente el control total del negocio del gas, principal exportación del país, que genera exportaciones anuales por valor de 2.000 millones de dólares (150 millones de euros).
El Gobierno utiliza el concepto de "refundación" como sinónimo de fortalecimiento de la empresa por el Estado, después de que fuera privatizada parcialmente en 1996. La compañía cambio cuatro veces de presidente en sólo 14 meses, siempre por razones políticas.
Como parte de su tarea investigadora, el Senado convocó a declaraciones a partir del lunes a los ejecutivos de la brasileña Petrobras, de la hispano-argentina Repsol-YPF y de la francesa Total.