MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El nuevo comandante general de Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, ha confirmado este martes que acatará las órdenes de detención emitidas por la Fiscalía contra los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, del Gobierno de Jeanine Áñez, que están siendo investigados por la compra, presuntamente irregular, de gases lacrimógenos.
"En el marco de sus competencias y ámbito de la persecución penal, la Policía cumplirá con esas resoluciones emitidas por el Ministerio Público el 5 de noviembre contra las exautoridades", ha precisado Aguilera durante una rueda de prensa.
La Fiscalía emitió a principios de noviembre una "alerta migratoria" contra ambos exaltos cargos del Gobierno, así como órdenes de detención en su contra tras la denuncia presentada por varios diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), ahora de nuevo en el poder.
Aguilera ha indicado a su vez que la Policía, a través de sus unidades especiales, recabará los datos necesarios sobre ambos exministros, que habrían incurrido en tráfico de influencias y otros delitos, según ha informado el diario 'Página Siete'.
Para la ubicación de estas personas, Aguilera ha manifestado que existen varios canales, entre ellos Interpol, que también permite el intercambio y la adquisición de la información necesaria.
De acuerdo con la denuncia, el Estado habría pagado 5,6 millones de dólares por cartuchos de gas lacrimógeno adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, con sede en Estados Unidos, tras suspender una compra directa con la empresa brasileña Cóndor. El contrato se habría firmado a finales de 2019.
Según la demanda, Bolivia pagó 270 bolivianos por cada proyectil lacrimógeno de larga distancia y 250 bolivianos por proyectiles "de triple acción". En cada caso demandó la dotación de 50.000 unidades. En ese marco, se investiga un eventual sobreprecio y otras irregularidades derivadas del cambio de proveedor.