4 de mayo de 2006

Bolivia.- El PP pregunta a la UE qué opciones baraja para defender a las empresas afectadas por la nacionalización

BRUSELAS, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PP y vicepresidente de la comisión de Economía del Parlamento Europeo, José Manuel García-Margallo, presentó hoy una interpelación a la Comisión Europea y a la presidencia austriaca de la UE para que expliquen las opciones que existen para defender a las empresas europeas afectadas por el decreto de nacionalización de hidrocarburos adoptado por el presidente boliviano, Evo Morales.

El eurodiputado del PP considera que la UE "no puede quedarse de brazos cruzados" ante semejantes medidas y reclama explicaciones sobre las opciones que existen para defender a las empresas europeas afectadas y cuál de ellas piensan aplicar.

Asimismo, pide a la Comisión Europea que opine si a su juicio "la actuación del Gobierno boliviano es propia de un Gobierno que mantiene relaciones amistosas con la UE" y si considera que tras las decisiones de Evo Morales "las relaciones de la UE con Bolivia pueden seguir como hasta ahora".

García-Margallo considera que el decreto del presidente boliviano "para confiscar parte de las acciones de las empresas petroleras europeas (entre ellas la española Repsol-YPF, la francesa Total y la británica BP) y su conversión en meras operadoras cuando antes eran concesionarias, así como el recorte sustancial de las contraprestaciones que tenían pactadas supone una modificación no consensuada de los contratos en vigor, decidida por Decreto y no por Ley y orquestada por medidas tan aparatosas como la ocupación militar de las áreas de producción".

Las relaciones políticas entre la UE y Bolivia han sido hasta ahora muy estrechas gracias al diálogo político que se mantiene a través del Acuerdo de Cooperación entre la UE y la Comunidad Andina de Naciones de diciembre de 2003 y Diálogo Institucional entre la UE y el Grupo de Río.

Además, el 90 por ciento de las exportaciones bolivianas no pagan arancel comunitario por estar amparadas por el Sistema de Preferencias Generalizadas. Las ayudas europeas a ese país, sumadas las de la Comisión Europea y las de los diferentes Estados miembros, ascienden a más de 300 millones de dólares anuales, lo que supone el 57% de las ayudas totales que recibe el país,según señala el PP en un comunicado.

"En estas condiciones, creo que hay argumentos suficientes para defender a las empresas europeas que han resultado afectadas por el decreto, sólo queda saber cuáles o si se va a optar por la alianza de sonrisas que propugna el Gobierno de algún Estado miembro", manifiesta García-Margallo.