LA PAZ, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las principales propuestas del Gobierno de Evo Morales sobre minería, nacionalización de hidrocarburos y asociación con Venezuela en un convenio en materia de defensa, están condicionadas a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia.
El Constitucional debe fallar sobre la legalidad o no de la nacionalización de Huanuni, la declaración de Bolivia de reserva fiscal minera y del decreto que amplió por seis meses la obligación de las petroleras de pagar 32 millones de dólares mensuales (casi 23 millones y medio de euros) a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Según el TC, las empresas de hidrocarburos Petrobras-Bolivia, Andina y Total demandaron el decreto 28900 por la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, a la vida, a la salud y a la propiedad privada. La demanda busca una indemnización de cerca de 200 millones de dólares (más de 140 millones de euros), según informó hoy el diario boliviano 'La Razón'.
Además, cuatro diputados recurrieron ante el TC el Decreto Supremo 29117, que declara reserva fiscal minera todo el territorio nacional. Esta disposición convierte al Estado en propietario de todos los recursos minerales y otorga a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) "la facultad y potestad de su explotación y administración". Asimismo suspendió los trámites de nuevas concesiones mineras, aunque posteriores medidas de presión lograron que las Cooperativas mineras sean excluidas de esta disposición.
La tercera de las medidas que está en manos del Tribunal Constitucional es el Decreto 28901 que nacionaliza la mina Huanuni. COMIBOL, a través de la Empresa Minera Huanuni, tomó el control del centro minero después de que se produjeran en los últimos meses graves enfrentamientos.
También fue recurrida por inconstitucional la ley del convenio en materia de defensa entre Bolivia y Venezuela, aprobada en una sesión del Senado en la que se habilitó a senadores suplentes de Poder Democrático Social (PODEMOS) y Unidad Nacional (UN) y que enmarca la cooperación económica que recibe actualmente el presidente Evo Morales.