28 de noviembre de 2007

Bolivia.- Seis de los nueve departamentos de Bolivia, en huelga contra el gobierno de Evo Morales

LA PAZ, 28 Nov. (EP/AP) -

Seis de los nueve departamentos de Bolivia realizaron hoy una huelga general contra el gobierno del presidente, Evo Morales, a quien los dirigentes de estas regiones acusan de violar las leyes y los Derechos Humanos por su presunta aspiración de concentrar poder y perpetuarse en el tiempo.

El paro se cumple al menos en las capitales departamentales de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, según coincidentes informes de los dirigentes cívicos y las prefecturas de esas regiones.

Las protestas aumentaron con la aprobación por parte del oficialismo y cuatro legisladores suplentes, a medianoche del martes, de una ley en el Congreso que suprime recursos a las prefecturas (gobernaciones) departamentales para pagar una renta a los ancianos, ley que el presidente de esta nación promulgó hoy.

Los dirigentes cívicos de las regiones en protesta coincidieron en que el paro es "contundente", aunque el gobierno rechazó esa valoración.

El portavoz presidencial, Álex Contreras, afirmó a los medios de comunicación que la huelga es "un paro político" y que el seguimiento de esta es parcial. Además, indicó que la medida responde a la presión de las organizaciones regionalistas violentas, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia, principal bastión de la oposición.

La protesta de este miércoles fue convocada el lunes por los prefectos (gobernadores) de esas regiones con excepción del de Chuquisaca, David Sánchez, quien se mantiene en la sombra después de que en enfrentamientos entre los pobladores de la capital de ese último departamento, Sucre, murieran tres personas, civiles, como resultado de los choques con la policía.

También los líderes cívicos de esas regiones se sumaron a la convocatoria. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, señaló que la Constitución aprobada, que debe pasar por varias instancias más, está "manchada de sangre" y anunció que las regiones opositoras no la acatarán.

Los prefectos también señalaron que no aceptarán el recorte de sus ingresos y que el movimiento regional continuará las protestas con nuevas medidas después del paro. En un documento, acusaron a Morales de buscar implantar un gobierno "totalitario", y de poner en riesgo la democracia y la unidad del país.