LA PAZ, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ruptura de los prefectos con el Gobierno, el rechazo en las regiones y la oposición a la mayoría absoluta aprobada en la Asamblea Constituyente y la marcha indígena en demanda de la aprobación en el Congreso de las modificaciones a la Ley INRA aumentaron la tensión en el panorama político boliviano esta semana. Sin embargo, el Gobierno no considera decisiva para su gestión esta semana.
"Creemos que no va a ser una semana conflictiva", dijo el portavoz de palacio, Álex Contreras, al revelar la posición del Gobierno con respecto a las medidas asumidas por distintos sectores ante la coyuntura, informa hoy la prensa local.
El clima político se tensó aún más el lunes tras el anuncio de la oposición del inicio de protestas antigubernamentales por la aprobación de un reglamento de debate en la Asamblea Constituyente y contra un proyecto oficial de reforma a la ley de tierras.
Los principales partidos opositores, los prefectos (gobernadores) de seis de los nueve departamentos del país, y los productores agropecuarios del oriente, que generan la casi el total de las exportaciones del sector, se unieron para frenar lo que consideran intentos del Gobierno de Evo Morales de "conculcar la democracia".
El ex presidente Jorge Quiroga, líder del partido de la oposición PODEMOS, declaró hoy a la prensa de Bolivia que su partido definirá hoy una ofensiva parlamentaria, legal e internacional para "defender la democracia y preservar la unidad del país" ante lo que denominó "una actitud de radicalismo chavista impuesto desde afuera", en alusión a las políticas tomadas por el presidente Hugo Chávez en Venezuela.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), confirmó que han convocado para hoy martes una marcha contra el Gobierno en Santa Cruz, a 570 kilómetros al sureste de La Paz, con la que manifestarán su desacuerdo con la ley de tierras que aprobó el ejecutivo la semana pasada en la Cámara de Diputados.
La oposición, además de otros comités, rechazan la aprobación por parte de la mayoría oficialista de un reglamento que permitiría aprobar en la Asamblea la nueva Constitución por mayoría absoluta, ya que vulneraría la ley de convocatoria al foro en la que se establece que debe hacerse por dos tercios de los votos.
PODEMOS y Unidad Nacional (UN) exigen que se respete la ley de convocatoria a la Constituyente, donde se exige que la aprobación de la nueva Constitución debe hacerse por dos tercios de los votos de los 255 representantes en el foro. El MAS tiene 137 y, por tanto, la mayoría simple con la que podría aprobar la nueva constitución.
Ambos partidos anunciaron ayer, lunes, que podrían iniciar protestas conjuntas, aunque el segundo partido ya inició la semana pasada una huelga de hambre para que se respeten los dos tercios. Alrededor de 60 personas cumplen la medida. El UN radicalizó hoy su huelga de hambre con piquetes en todo el país. El partido convocó a la población a sumarse a la medida como "un acto de responsabilidad con el país".
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera cerró el debate y descartó que el MAS vaya a revisar el reglamento. El vicepresidente pidió a la oposición que se concentre en crear comisiones de la Constituyente para que sus directivas sean plurales.
A los agropecuarios les pidió flexibilizar sus demandas a cambio de "seguridad jurídica". "Si los empresarios aceptan y ceden algo van a tener garantía social de que no habrá avasallamiento" de sus propiedades, dijo a la prensa local en alusión a las amenazas de campesinos de tomar fincas.
Seis de los nueve prefectos del país exigen los dos tercios y rechazan el proyecto de ley del Gobierno para fiscalizar su actividad con un nuevo sistema en el Congreso que derivaría en que Morales asumirá la potestad de destituirlos.
Sobre la decisión de los prefectos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Pando y Beni de romper con el Ejecutivo, Contreras aseguró que desde la perspectiva del Gobierno, "la determinación de los prefectos de que no exista fiscalización denota que lamentablemente en algunas prefecturas aparentemente se quieren crear órganos de poder que no sean fiscalizados".
En respuesta, el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes, manifestó que las principales autoridades departamentales no temen a la fiscalización, pero que rechazan "el intento del Gobierno central de querer deshacerse de los prefectos".
En cuanto a la reunión que estaba prevista entre prefectos y Gobierno para los próximos 4 y 5 de diciembre, el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, anunció que no asistirán, no sólo en respuesta al intento de fiscalizar sus gestiones, sino en rechazo a la mayoría absoluta aprobada el pasado viernes en la Asamblea.
Los legisladores y constituyentes de PODEMOS se reunirán hoy en La Paz con el jefe de su partido, Jorge Quiroga, para "definir las medidas estratégicas", anunció el senador de la fuerza de oposición, Wálter Guiteras.
Por parte presidencial, el portavoz del palacio presidencial dijo que el Gobierno era consciente de "que estos problemas iban a venir. Hay sectores en el país, no solamente políticos, sino empresariales, ligados a las transnacionales, que tienen el objetivo de hacer fracasar la Constituyente".
Contreras apuntó que la respuesta del Gobierno a los sectores que presionan para que el Ejecutivo cambie de posición es el diálogo. "El Gobierno está seguro de que los problemas solamente se solucionan a través del diálogo y la concertación y no a través de las medidas de presión".
La marcha indígena y campesina con rumbo a la capital para presionar al Senado para que apruebe las modificaciones a la Ley INRA, tiene el respaldo del Ejecutivo, dijo la ministra de Gobierno Alicia Muñoz. "La marcha es legal y desde todo punto de vista es legítima".