MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha confirmado este miércoles haber recibido la denuncia presentada por el Gobierno de Bolivia contra el expresidente Evo Morales por delitos de lesa humanidad asociados a los bloqueos impuestos en las carreteras en agosto, que según las autoridades habrían impedido el paso de oxígeno para enfermos de COVID-19 y provocado hasta 40 muertes.
Bensouda ha destacado en un comunicado que Bolivia ha pedido "que inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Bolivia, a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas".
Así, ha resaltado que las autoridades bolivianas han indicado que los bloqueos fueron cometidos "de manera deliberada" para causar "sufrimientos graves en la integridad física y la salud mental física de la población, como medio para forzar en esta, una grave conmoción social que induzca a las autoridades a asumir una decisión (...) como es el señalamiento de fecha de sufragio para las elecciones presidenciales".
"De conformidad con la norma 45 del reglamento de la corte, he informado a la Presidencia del TPI de esta remisión para facilitar la asignación de la situación a una Sala de Cuestiones Preliminares", ha señalado Bensouda, que ha resaltado que esto "no conlleva automáticamente la apertura de una investigación".
"No obstante, si la Fiscalía determinase que la situación remitida amerita una investigación de conformidad con los criterios estatutarios, como resultado de esta remisión, el Estatuto no requiere que la Fiscalía solicite la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte a efectos de abrir una investigación", ha explicado.
En este sentido, ha manifestado que "la recepción de una remisión puede acelerar el procedimiento de apertura de una investigación sólo en la medida en que la revisión judicial de mi decisión no sería necesaria con arreglo al Estatuto".
"En el ejercicio independiente e imparcial de su mandato, la Fiscalía también tiene en cuenta toda comunicación y punto de vista que se le transmita en el transcurso de cada examen preliminar, incluyendo toda observación presentada por las autoridades nacionales competentes respecto de investigaciones y enjuiciamientos relevantes a nivel nacional", ha remachado.
LA DENUNCIA DE BOLIVIA
Las discrepancias por la fecha de celebración de las elecciones generales derivaron en doce días de bloqueos en numerosas carreteras, atribuidos en su mayoría a seguidores de Morales. El Ejecutivo de Jeanine Áñez sostiene que todo fue obra de una organización "criminal" en cuya cabeza sitúa al anterior mandatario.
Así, Morales está acusado de planificar estos "actos inhumanos", por los que también han sido señalados Juan Carlos Huarachi, directivo de la Central Obrera Bolivia (COB), y Leonardo Loza, líder cocalero del Chapare, según la agencia de noticias oficial ABI.
Áñez destacó la semana pasada en su cuenta de Twitter que "la impunidad no puede prevalecer" en este caso, asegurando que "el cerco a las ciudades que causó más de 40 fallecidos por falta de oxígeno medicinal" y justificando así el paso dado ante la corte internacional.
Por su parte, Morales recriminó la medida a un "gobierno de facto" que ya habría sido denunciado por organizaciones internacionales "por masacres y violaciones Derechos Humanos". "Ahora nos demanda a mí y a algunos líderes del pueblo ante (el) TPI por defender la democracia", criticó.