LA PAZ, 1 Jul. (EP/AP) -
El Tribunal Supremo boliviano manifestó hoy su preocupación por una supuesta intromisión del Poder Ejecutivo y ratificó una orden de detención contra dos ciudadanos paraguayos sospechosos de secuestrar y asesinar en su país a la hija del ex presidente Raúl Cubas.
"El Gobierno no tiene por qué dar una contraorden. El Poder Judicial es independiente de otros poderes", declaró el presidente del Tribunal, Héctor Sandoval.
Sandoval respondía así a la decisión del Gobierno de conceder el estatus de refugiados a los paraguayos Abel Acosta Centurión y Blas Concepción Franco Aquino, reclamados por la justicia de su país por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas.
La semana pasada el Tribunal Supremo emitió una orden de detención con fines de extradición contra de ambos. Sin embargo, ayer viernes, el ministro boliviano de Asuntos Exteriores, David Choquehuanca, dijo que el Concejo Nacional del Refugiado (Conare) aprobó la petición de refugio solicitado por los paraguayos que se declararon perseguidos en su país por razones políticas.
"El Poder Judicial es independiente de otros poderes, como el Ejecutivo y el Legislativo, que solamente pueden realizar labor de coordinación y no interferir en ningún momento en la labor judicial", señaló Sandoval.
El juez de Instrucción en lo Penal de Sucre, Iván Sandoval, explicó al diario 'Correo del Sur' de esa ciudad, sede del Poder Judicial, que la decisión de ceder refugio a los sospechosos no puede anular la orden de detención aprobada por el Tribunal Supremo.
Sucre es la capital histórica de Bolivia y está situada al sur de La Paz. El ministro afirmó que los sospechosos permanecerán en Bolivia y no serán detenidos mientras no exista contra ellos una sentencia.
"Si las autoridades judiciales de Paraguay establecen una sentencia judicial donde se los declare culpables, en este caso el Conare tendría que reunirse nuevamente" para revisar su decisión, explicó. El ex viceministro de Justicia, Carlos Alarcón consideró que el Ejecutivo incumplió una de sus atribuciones, que es "hacer cumplir las sentencias de los tribunales".
Acosta y Franco fueron detenidos por una orden de Interpol en un barrio populoso de La Paz el 12 de mayo y puestos en libertad horas después. Ambos están acusados de haber integrado el grupo que capturó el 21 de septiembre de 2004 a Cecilia Cubas y la mantuvo secuestrada hasta el 16 de febrero de 2005, cuando su cuerpo fue hallado enterrado en las afueras de Asunción.