Actualizado 23/04/2019 11:57

Bolsonaro cancela por "decreto" los trabajos de identificación de las víctimas de la última dictadura militar de Brasil

Brasil.- Rivlin critica las declaraciones de Bolsonaro que dicen que el Holocausto puede ser perdonado pero no olvidado
REUTERS / RONEN ZVULUN

   BRASILIA, 23 Abr. (Notimérica) -

   El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, emitió este lunes un decreto que conlleva la cancelación de las tareas de identificación de restos de los desaparecidos durante la última dictadura militar en el país (1964-1985), que llevaba adelante el Grupo de Trabajo Perus en el cementerio homónimo, situado en la zona oeste de Sao Paulo.

   El decreto 9.759, firmado el pasado 11 de abril, extingue y limita, a partir del próximo 28 de junio, órganos colegiados vinculados al gobierno federal que hayan sido creados por decreto y que no sean disciplinados por ley.

   Tras poner fin a consejos y comisiones dependientes del Estado, el Gobierno brasileño suspendió la actividad del colectivo de antropólogos forenses que, desde 2014, analizaba unas 1.047 cajas con restos óseos extraídos de fosas comunes, hallados enterrados en el citado cementerio como 'NN'.

   Fuentes del Ministerio consultadas por la prensa local aún no dieron precisiones respecto a la continuidad o no de los trabajos de identificación, aunque señalaron que la cartera "está evaluando, estudiando y proponiendo algo dentro de los parámetros del decreto", según informó 'Estado'.

   Según la fiscal regional de la República, Eugenia Gonzaga, con esta medida el Gobierno de Bolsonaro "está implosionando todo un sistema volcado a la justicia". De acuerdo a la funcionaria judicial, que representa el Ministerio Público Federal (MPF), el decreto no alcanza sólo al equipo de antropólogos de Perus, sino también al Grupo de Trabajo Araguaia, en la Amazonia brasileña.

   Al menos 475 personas murieron o desaparecieron por motivos políticos durante la dictadura militar de Brasil, según el libro "Derecho a la memoria y a la verdad", publicado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República durante el Gobierno de Lula da Silva.