5 de octubre de 2012

Brasil.- Brasil aboga por restringir el derecho a huelga en el sector público tras una ola de paros en la Administración

BRASILIA, 5 Oct. (Reuters/EP) -

El Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha abogado por una regulación de la convocatoria de huelgas en la Administración pública, tras una serie de protestas que han paralizado sectores del Estado, aunque los sindicatos y activistas han asegurado que pelearán en contra de esta medida.

Rousseff pretende delimitar el derecho a huelga en los servicios públicos tras varios paros en las fuerzas de seguridad y en el profesorado convocados en los últimos meses.

El secretario de Relaciones Laborales, Sergio Mendonça, ha señalado que "la Constitución de 1988 garantiza el derecho a la huelga, pero no fue adoptada ninguna ley para implementar ese derecho". "No sólo vamos a considerar las huelgas, sino también el diálogo, porque el Gobierno no está cerrando el diálogo", ha defendido.

Las últimas huelgas comenzaron en mayo en las universidades y se extendieron a organismos del Estado, como el Banco Central, a los transportes y las fuerzas de seguridad. Uno de los peores episodios se produjo en Brasilia cuando la Policía militar tuvo que dispersar a agentes de las fuerzas de seguridad federales que se concentraban frente al palacio presidencial.

Mendonça ha explicado que el Gobierno pretende limitar el derecho a la huelga de las fuerzas de seguridad y ordenar que en caso de paro, los agentes entreguen las armas.

La economía de Brasil se ha visto resentida por al caída de los precios de las materias primas por la crisis económica. Durante la Presidencia de su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva (2002-2011), Brasil vivió un aumento anual del 4 por ciento del PIB, lo que permitió grandes subidas de salarios a lso funcionarios.

Sin embargo, Rousseff ha rechazado las subidas salariales, que equivaldrían a 98.000 millones de reales (unos 37.000 millones de euros). "El escenario ha cambiado", ha indicado Mendonça. "No era razonable que los sindicatos hicieran demandas tan altas como las que habían hecho 10 años antes", ha añadido.

La presidenta ha superado la ola de huelgas en el sector con la promesa de una subida salarial del 15 por ciento en los próximos tres años. Rousseff ofreció a los sindicatos un aumento salarial de 15 por ciento en tres años, lo que cubriría la inflación prevista. Excepto la Policía federal, los trabajadores públicos se acogieron al acuerdo.

DEFIENDE A LOS EMPRESARIOS

Los representantes sindicales han criticado la medida y han acusado al Partido de los Trabajadores, la principal formación del Gobierno, de traicionar a las bases que permitieron su llegada al poder en 2003.

El director de la Central Única de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas de Moraes, ha denunciado que los derechos de los trabajadores están siendo tomados "por la agenda de la clase empresarial".

"La presidenta Dilma debería cuidar de los intereses de la clase trabajadora, especialmente aquellos sectores cuyo apoyo la ayudó a llegar a la Presidencia", ha señalado.