BRASILIA, 24 Ene. (Reuters/EP) -
El nuevo Gobierno de extrema de derecha de Brasil ha elevado drásticamente este jueves el número de empleados públicos a los que se les permite declarar información como "secreta" y "ultrasecreta", debilitando una ley de transparencia promulgada en 2011 para hacer rendir cuentas al Ejecutivo.
El decreto, firmado por el vicepresidente Hamilton Mouro, mientras el mandatario Jair Bolsonaro está en Davos, permite que funcionarios, jefes de agencias y ejecutivos de alto rango de empresas estatales --cargos designados políticamente-- clasifiquen información como "secreta".
Previamente, la clasificación de "ultrasecreta" sólo podía invocarla el presidente, el vicepresidente, funcionarios a nivel del Gabinete, comandantes militares y jefes de misiones diplomáticas permanentes y consulares en el exterior. La cifra de quienes podían ampararse en la designación de "secreta" era sólo levemente más alta.
Sin embargo, el decreto, entregado después de que Bolsonaro declarara en una presentación en Davos una nueva época de transparencia en la política y los negocios de Brasil, implica que es probable que más registros públicos quedarían fuera del alcance de grupos civiles, periodistas y ciudadanos comunes.
La decisión modifica la ley de 2011 de Acceso a la Información, aprobada para garantizar el acceso a registros de los gobiernos locales, estatales y federal en nombre de la democracia.