BRASILIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El coronel Adilson Moreira, encargado de los operativos de seguridad de cara a los Juegos Olímpicos que se celebrarán este verano en Río de Janeiro, ha presentado su dimisión debido a sus diferencias con el Gobierno de Dilma Rousseff, ahondando así en la crisis política.
Moreira renunció a principio de semana pero el Ministerio de Justicia no lo ha dado a conocer hasta este jueves, justo un día después de que el titular de la cartera de Deporte, George Hilton, anunciara su salida del Ejecutivo.
Aunque oficialmente se desconocen las causas, el diario brasileño 'Estadao' ha indicado que se debe a una carta crítica con el Gobierno que Moreira envió a sus subordinados y que, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, es un "gesto de deslealtad administrativa".
"Mi familia me ha pedido que me vaya. No se necesita ser muy inteligente para ver que estamos siendo dirigidos por un grupo sin escrúpulos, incluida la presidenta", dice Moreira a sus agentes en la misiva.
El coronel asegura que está "avergonzado" porque "la administración federal no está interesada en el bien del país, sino en mantenerse en el poder a toda costa". "Lo que antes eran rumores, ahora se concreta", señala en alusión al escándalo de corrupción en Petrobras.
Las dimisiones de Moreira y Hilton llegan pocos meses antes de los Juegos Olímpicos, sin embargo, las autoridades brasileñas han descartado cualquier consecuencia negativa.
"La inestabilidad política y las dificultades económicas pueden generar incertidumbre, pero la gente debe saber que hay más de 80.000 personas implicadas en la seguridad", ha dicho a Reuters Andrei Rodrigues, de la agencia gubernamental para los grandes eventos.
CRISIS POLÍTICA
La crisis política en Brasil se agravó a mediados de marzo, cuando Rousseff decidió nombrar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva jefe de la Casa Civil --una especie de súper ministro-- incluyéndolo en el Gobierno y convirtiéndolo así en aforado.
La designación de Lula ha sido recurrida en numerosas instancias y se espera que el Supremo se pronuncie esta semana de forma definitiva. De seguir en el cargo, las pesquisas en su contra por su presunta implicación en la trama corrupta de Petrobras pasarán al alto tribunal.
A su vez, el Congreso decidirá en abril sobre la apertura de un juicio político contra Rousseff por maquillar las cuentas públicas de 2014. La espantada en el Gobierno ha aumentado la probabilidad de que el Parlamento apruebe el 'impeachment'.