BRASILIA, 16 Mar. (EP/AP) -
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva vetó este viernes una enmienda de la nueva Ley Fiscal y Laboral que según activistas estimularía el trabajo en condiciones esclavizantes.
Lula estuvo reunido por la mañana y tarde en el palacio de Gobierno con ministros y líderes legislativos de la base aliada para discutir el veto a la enmienda y enviar al Congreso un proyecto de ley con nueva redacción.
"La enmienda interfiere en el lado laboral. Veta la fiscalización", explicó el ministro de Hacienda, Guido Mantega al anunciar las razones para la decisión de Lula.
"Además de eso, ella (la enmienda) no tiene una redacción clara y da margen para controversias jurídicas", agregó Mantenga citado en un despacho del servicio oficial de noticias Agencia Brasil.
El ministro dijo que ahora el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que preserve la facultad de los auditores laborales de fiscalizar condiciones y relaciones de trabajo entre empleados y empleadores, pero con algunas medidas para que los empleadores tengan plazo de presentar su defensa en caso de sospechas de irregularidades.
La llamada enmienda número tres formaba parte de una nueva ley que unifica oficinas del fisco federal y elimina trámites burocráticos a las empresas, en un proyecto cuya sanción o veto tenía cómo límite este viernes. Lo que proponía la polémica enmienda era despojar a los auditores fiscales de la facultad para investigar la relación entre patrones y trabajadores, dejando esa facultad exclusivamente en manos de un juez.
Esa enmienda fue incluida por los congresistas en el proyecto de ley sobre la unión de las oficinas tributarias presentado por el Gobierno. El proyecto fue aprobado el mes pasado, pero ante las críticas de activistas y sindicatos sobre la enmienda, el Gobierno decidió rechazar el artículo y sancionar el resto de la ley sobre las oficinas de impuestos.
Activistas de derechos humanos aseguraron que en caso que el Presidente no vetara el artículo hacendados y madereros, entre otros, podrían quedar impunes por mantener a trabajadores pobres en condiciones degradantes o de esclavitud: sin salario, sin comunicación con sus familias, durmiendo y viviendo en remotas regiones amazónicas en las peores condiciones de higiene.
La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un grupo de la iglesia católica, estima que al menos 25.000 brasileños viven actualmente en esas condiciones.