BRASILIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su ex ministro de Seguridad Social Amir Lando han sido demandados por enviar 10,6 millones de cartas con contenido propagandístico a pensionistas durante el año 2004. El Ministerio Público Federal (MPF) les acusa de un delito de "improbidad administrativa" y advierte de que sus bienes podrían ser bloqueados para reponer los 9,5 millones de reales (4,15 millones de euros) que costó la operación.
Las misivas ofrecían a sus destinatarios la concesión de créditos "con intereses reducidos" en nombre del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de Dataprev --la empresa encargada de la gestión de los datos de este órgano--, aunque más tarde se comprobó que ninguna de las dos compañías públicas participó en la emisión de estos documentos.
La Fiscalía sospecha que el objetivo de estas cartas era promocionar al Gobierno y favorecer al Banco BMG, ya que fueron enviadas inmediatamente después de que este alcanzara un acuerdo con el INSS para conceder dichos préstamos, convirtiéndose así en la única entidad financiera con esta facultad en todo el país.
"Los problemas económicos de la Seguridad Social son de dominio público, por lo que es extraño que financiara el envío de millones de cartas cuyo contenido no guarda correlación con las prioridades de la institución", dijo la fiscal Luciana Loureiro Oliveira durante la lectura del comunicado divulgado por el MPF, recogido por la Agencia do Brasil.
En este contexto, la magistrada advirtió de que los bienes de Lula y Lando podrían ser bloqueados para garantizar la devolución del dinero a las arcas del INSS y de que ambos podrían quedar impedidos para la función pública, en el caso de que se compruebe que fue una operación fraudulenta.
Según indica la agencia, el ex mandatario todavía no se ha pronunciado al respecto, ya que se encuentra de regreso al país tras realizar una visita a Guinea Conakry, mientras que el ex ministro ha rehusado hacer declaraciones.