Actualizado 29/02/2016 08:48

El ministro de Justicia de Brasil dimitirá esta semana por los ataques del PT en el caso contra Lula

Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo
ELZA FIÚZA/AGÊNCIA BRASIL

RÍO DE JANEIRO, 29 Feb. (Reuters/EP) -

   El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, presentará esta semana su renuncia debido al aumento de los ataques desde el Partido de los Trabajadores (PT) por una investigación policial sobre las actividades del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

   Cardozo asumió el cargo en 2011, tras la llegada a la Presidencia de Dilma Rousseff, sucesora de Lula y también miembro del PT, al que también pertenece el propio ministro de Justicia.

   Miembros importantes del PT han aumentado la presión sobre el ministro en los últimos días después de que Lula fuera notificado de que los tribunales brasileños planean emitir una orden para acceder a sus registros bancarios, telefónicos y financieros.

   Lula, líder histórico del PT, cinco veces candidato presidencial del partido y presidente en dos mandatos del 2003 al 2010, ha sido objeto de una investigación a raíz de un escándalo de corrupción en la petrolera dirigida por el Estado Petróleo Brasileiro SA (Petrobras).

   Lula ya se ha enfrentado al interrogatorio policial sobre las transacciones financieras de sus hijos y amigos y ahora hace frente a un interrogatorio por su supuesta propiedad de un apartamento con vistas al mar y una finca de campo.

   El apartamento y la casa de campo fueron supuestamente renovados por firmas constructoras involucradas en un escándalo de sobornos y fijación de precios en Petrobras. Lula ha dicho que las propiedades no le pertenecen.

   Cardozo está molesto por las acusaciones en el PT de que no ha podido frenar una 'caza de brujas' política contra Lula y otros aliados del Gobierno. El ministro, un abogado y profesor de Derecho, se está recuperando de un cáncer linfático.

   En respuesta, el todavía ministro de Justicia ha dicho que no tiene autoridad para restringir las investigaciones sin evidencia de que la Policía haya violado los derechos de una persona, tal y como ha recogido el diario local 'Folha de Sao Paulo'.