BRASILIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Público de Brasil ha anunciado este martes que presentará cargos contra el ex coronel Sebastián Curió, acusado de secuestrar a cinco guerrilleros de Araguaia, en lo que supone el primer proceso judicial contra miembros de la dictadura militar (1964-1985).
Según las denuncias presentadas por fiscales de los estados de Pará, Rio Grande do Sul y Sao Paulo, Curió es el responsable de la desaparición de Maria Célia Corrêa, Hélio Luiz Navarro Magalhoes, Daniel Ribeiro Callado, Antônio de Pádua Costa y Telma Regina Cordeira.
Los testimonios recogidos por la Fiscalía apuntan que los cinco guerrilleros fueron torturados en la base militar comandada por el ex coronel. "Después de analizar los datos, llegamos a la conclusión inexorable de que estábamos ante un delito de secuestro cualificado", ha explicado el fiscal de la República de Marabá, Tiago Rabello.
No obstante, está por ver que el proceso judicial siga adelante porque el Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués) ratificó en una sentencia del año 2000 la vigencia de la Ley de Amnistía de 1979, que impide procesar a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
Los fiscales han explicado que la decisión del Ministerio Público no es contraria a la doctrina del STF, ya que, dado que los guerrilleros no han aparecido, se trata de un delito permanente, que no prescribe, lo que impediría la aplicación de la Ley de Amnistía, que solo abarca los crímenes que se cometieron antes del 15 de agosto de 1979.
Además, han argumentado que el STF autorizó la extradición a Argentina de unos ex militares acusados de la desaparición forzosa de unos guerrilleros, equiparando este delito con el de secuestro cualificado.
"Estamos obligados a juzgar estas acciones por deber profesional. No podemos cerrar los ojos ante estos hechos porque deben depurarse las responsabilidades", ha dicho Rabello, en declaraciones recogidas por el diario 'Folha'.
MÁS ACCIONES
De seguir adelante, será el primer proceso judicial que se celebre en Brasil contra los responsables de los crímenes de la dictadura militar, al que podrían seguir más, ya que los fiscales han señalado que a partir de ahora podrían surgir nuevas denuncias.
El fiscal Sérgio Suiama ha explicado que actualmente hay 55 investigaciones abiertas en Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Sao Paulo y Pará, por lo que podrían iniciarse procesos judiciales en estos estados.
"En todos los casos en que podamos probar que un agente del Estado fue el responsable de que una persona desapareciera, el Ministerio Público buscará la responsabilidad de esas personas", ha asegurado el fiscal.
La decisión del Ministerio Público de investigar los crímenes cometidos durante la dictadura militar llega después de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en 2010 instando a Brasil a identificar y castigar a los responsables.