Asegura que tanto las fuerzas de seguridad como los separatistas han cometido abusos en las últimas semanas
MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las dos regiones anglófonas de Camerún, escenario de un conflicto que enfrenta a grupos separatistas y las fuerzas de seguridad, están inmersas en una "espiral de violencia" en las últimas semanas, en las que se han registrado decenas de asesinatos y miles de nuevos desplazamientos, según denuncia Amnistía Internacional en vísperas de las elecciones parlamentarias y municipales del 9 de febrero.
"En las últimas semanas, se han llevado a cabo operaciones militares brutales mientras que los crímenes cometidos por los separatistas armados no han remitido", ha denunciado el investigador para lago Chad de Amnistía, Fabien Offner, en un comunicado.
"Los civiles se encuentran atrapados en una espiral de violencia", ha lamentado, instando a las autoridades camerunesas a "adoptar todas las medidas necesarias para proteger a la población e investigar estas violaciones y abusos de los Derechos Humanos".
Desde que el pasado 23 de diciembre, los separatistas anglófonos anunciaron que intentarían evitar la celebración de las elecciones en las regiones Noroeste y Suroeste, la ONG ha documentado un patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército en ambas zonas.
"OPERACIÓN SINIESTRA" DE LAS FUERZAS CAMERUNESAS
"Las medidas de seguridad y la creciente presencia militar anunciadas por el Gobierno camerunés para garantizar que las elecciones pueden celebrarse parecen haber sido un pretexto para una operación mucho más siniestra", ha subrayado Offner.
Así, Amnistía ha documentado un ataque por parte del Ejército contra la localidad de Ndoh, en Suroeste, tras el asesinato de un militar en la zona. Después de dicho ataque, se encontraron los cuerpos de 16 hombres en la zona, mientras que al menos cinco personas resultaron heridas de bala, incluidos dos adolescentes.
Por otra parte, ha confirmado la destrucción de 50 viviendas en la localidad de Babubock y otras cercanas, que fueron quemadas durante una operación militar el 14 de enero, así como el arresto de un trabajador humanitario por miembros de la Brigada de Intervención Rápida (BIR), que posteriormente fue hallado muerto con signos de tortura y heridas de bala en la cabeza.
ABUSOS POR PARTE DE LOS SEPARATISTAS
Según Amnistía, los grupos separatistas armados también siguen cometiendo asesinatos, secuestros y extorsiones. En este ámbito, ha documentado el secuestro de cuatro trabajadores humanitarios, a los que se acusó de trabajar para el Gobierno, que fueron liberados un día más tarde, después de que tres de ellos fueran golpeados y sometidos a torturas psicológicas.
Los separatistas también han pedido a los cooperantes que paralicen sus actividades entre el 6 y el 11 de febrero, cuando han decretado un paro en las dos regiones anglófonas con vistas a obstaculizar la celebración de los comicios, ha subrayado Amnistía.
Como resultado de esta violencia, la cifra de desplazados ha seguido aumentando. A finales de 2019 había 670.000 desplazados internos en Camerún y 52.000 refugiados en Nigeria. Sin embargo, ha recordado Amnistía, el Gobierno solo reconoce 152.000 desplazados por la crisis en las regiones anglófonas.
"Desde hace más de tres años, la población en las regiones anglófonas se han visto atrapadas en la violencia entre el Ejército y los grupos armados. Esta crisis no puede ser ignorada por las autoridades responsables de proteger a la población", ha reclamado Offner.
Según el investigador de Amnistía, "ha llegado el momento de que la Comisión Africana de Derechos Humanos cree y lleve a cabo una misión de investigación de todas las denuncias de violaciones de Derechos Humanos y abusos cometidos en las regiones anglófonas desde 2016".
Lo que en 2016 empezaron siendo protestas pacíficas de los habitantes de estas regiones, otrora colonias británicas pero que decidieron unirse al Camerún francés, por su supuesta marginación por parte del Gobierno central, derivó en una dura represión a raíz de la autoproclamación de la independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.
Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno ha respondido mediante una dura represión, durante la que las organizaciones de Derechos Humanos, han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.