MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo estadounidense de Inmigración, la Asociación estadounidense de Abogados de Inmigración, la ONG Human Rights Watch (HRW) y el bufete de abogados Winston & Strawn han presentado este jueves una demanda para lograr la divulgación de los registros sobre los Protocolos de Protección de Migrantes de Estados Unidos, también conocidos como el programa 'Permanecer en México'.
La demanda, presentada bajo la Ley de Libertad de Información en el distrito norte de California, pretende lograr los registros sobre la implementación y el manejo del programa por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Según un comunicado de HRW, los demandantes "intentan comprender" cómo funcionan los Protocolos de Protección de Migrantes, que Seguridad Nacional anunció en 2019, al tiempo que quieren entender "qué principios y acuerdos guían a las agencias responsables de su implementación", después de que el Gobierno estadounidense se haya negado a revelar dicha información.
Si bien el programa fue un cambio sin precedentes en la política y el procedimiento de asilo de Estados Unidos, las agencias gubernamentales responsables de llevarlo a cabo --Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Protección Fronteriza-- no han puesto a disposición del público, defensores, abogados y solicitantes de asilo la orientación o la información sobre cómo funciona el programa.
"La operación del programa ha estado oculta a la vista y al entendimiento del público", ha detallado la asesora principal sobre políticas de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, Laura Lynch.
"Vemos que los solicitantes de asilo piden legalmente una oportunidad significativa de que se escuchen sus peticiones de asilo al llegar a la frontera vemos que se les desvía rápidamente a condiciones peligrosas en México", ha agregado, al tiempo que ha lamentado que el público "no ha podido ver" los procedimientos básicos y la decisión de este cambio terriblemente injusto".
El Ejecutivo estadounidense ha devuelto a México a casi 65.000 personas que buscan asilo en el país para esperar sus audiencias en los tribunales de inmigración de Estados Unidos bajo el programa.
Los solicitantes de asilo, muchos de ellos familias con niños, ha recordado HRW, se han visto obligados a esperar durante meses en ciudades "extremadamente peligrosas" de México.
Además, desde que comenzó el programa, sólo unas 500 personas, menos del 1 por ciento de las que figuran en el mismo, han recibido asilo. En concreto, hasta febrero de 2020, se había informado de más de 1.000 casos de asesinato, tortura, violación, secuestro y otras violencias contra personas incluidas en 'Permanecer en México'.
Por otra parte, las condiciones antihigiénicas y de superpoblación en los campamentos y refugios de México en los que los solicitantes de asilo se han visto obligados a vivir los colocan en un mayor riesgo de contraer la COVID-19, han indicado las organizaciones demandantes.
Asimismo, el programa evita que los solicitantes de asilo tengan un acceso significativo a su derecho a tener un debido proceso. Los solicitantes de asilo a menudo se enfrentan a barreras "insuperables" para obtener y comunicarse con un asesor legal, han asegurado.
"El programa 'Permanecer en México' ha causado una catástrofe humanitaria, obligando a miles de personas a vivir en campamentos a lo largo de la frontera en condiciones peligrosas y miserables", ha criticado la directora de transparencia del Consejo de Inmigración estadounidense, Emily Creighton.
Por su parte, la investigadora de Fronteras para Estados Unidos de HRW, Ariana Sawyer, ha señalado que "mientras que el inhumano programa causa más daños cada día, incluso a la luz de la crisis de la COVID-19, los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia han mantenido a los contribuyentes estadounidenses en la oscuridad sobre para qué se está utilizando su dinero".
"El programa inflige traumas de larga duración tanto en niños como en adultos, no protege a los solicitantes de asilo vulnerables del daño y atropella el derecho al debido proceso", ha aseverado.