SANTIAGO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Diputados aprobó hoy, con 73 votos a favor y 34 en contra, el proyecto de ley que permite la distribución de la píldora del día después en los centros de salud públicos del país, tras un acalorado debate que se extendió por varias horas.
El texto pasará ahora a manos del Senado para su discusión y aprobación definitiva, lo cual podría extenderse varias semanas. Sin embargo, decenas de personas fuera del Parlamento celebraron el avance que tuvo el proyecto que fue propuesto por el Gobierno de Michelle Bachelet y que no sufrió ninguna modificación durante los debates.
Frente al Congreso también se encontraban decenas de personas que condenaron esta propuesta por considerarla "inconstitucional". Con ecografías en la mano y pancartas en alusión al aborto, los manifestantes denunciaban que, de llegarse a poner en práctica la distribución de la píldora del día después, se estaría "violando el derecho a la vida".
Este ha sido uno de los debates más concurridos del Congreso. Los cuerpos de seguridad tuvieron que disolver las manifestaciones al término de la sesión de este miércoles, sin que se produjera ningún incidente, sin embargo, algunos legisladores a favor del proyecto salieron el recinto con pancartas celebrando los resultados.
El Gobierno espera correr con la misma suerte en las discusiones del Senado, considerando que la coalición de la Concertación tiene la mayoría. Aunque la Alianza Por Chile --coalición derechista de la oposición-- ha dejado claro que hará valer su propuesta de que si se trata de menores de edad, deberán tener la autorización de los padres.
El Proyecto de Ley sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad tiene apenas tres artículos que buscan asegurar el acceso a la información clara y confidencial del uso de la píldora, así como la libertad de las mujeres de elegir el método anticonceptivo que más le convenga y su libre utilización.
Lo que el Gobierno de Bachelet quiere es que la píldora sea distribuida en los centros de salud pública y poder erradicar el fallo del Tribunal Constitucional que sólo permite su distribución en farmacias y con receta médica.