SANTIAGO, 27 Jun. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -
El comandante en jefe del Ejército de Chile, el general Óscar Izurieta, recibirá hoy miércoles en una audiencia especial a una de las tres hijas del general Carlos Prats, asesinado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, en un atentado con bomba cometido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974, cometido por integrantes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por orden expresa del ex dictador Augusto Pinochet.
Prats González, quien fue Vicepresidente de la República durante el Gobierno del derrocado presidente Salvador Allende, debió autoexiliarse en Buenos Aires poco antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, tras haber recibido amenazas de muerte y sufrir hostigamiento por haber sido un militar leal al Presidente democráticamente elegido.
Prats fue quien recomendó a Pinochet para sucederlo al frente de la Comandancia del Ejército cuando renunció, poco antes del golpe, tras considerar al dictador como "su hombre de confianza".
Este miércoles, el jefe máximo del Ejército chileno, el tercer sucesor del ex dictador tras la renuncia de Pinochet en 1998, recibirá en su despacho a María Angélica Prats.
Fuentes judiciales confirmaron que la audiencia fue solicitada por la hija del asesinado general, con el objetivo de esclarecer una denuncia hecha por el ex jefe Operativo de la DINA, el brigadista retirado Pedro Espinoza, quien era el segundo en la línea de mando tras el temido general Manuel Contreras, quien, como Espinoza, está procesado por el crimen ocurrido en Buenos Aires.
Espinoza, desde la cárcel, dio a conocer un informe que, según él, revela que las fuerzas represivas de la dictadura siguieron los movimientos de Prats y su esposa en la capital argentina, lo que culminó con la instalación de una bomba en su automóvil en el Barrio de Palermo, que les causó una de las muertes más crueles y sangrientas de los miles cometidos en dictadura, perpetrado antes del que causó la muerte al ex ministro de Exteriores Orlando Letelier en Washington, en 1976, uno de los dos cometidos fuera de las fronteras chilenas.
El ahora condenado ex jefe operativo de la DINA aseguró que dichos documentos sobre los seguimientos contra Prats estuvieron en poder del Ejército hasta hace pocos años, lo que, hasta ahora, ha sido negado por el Ejército chileno. No obstante, La Moneda, a través de su portavoz, el ministro Ricardo Lagos Weber, ha dicho que no le consta la existencia de esa documentación, sin negar su presunta existencia.
Para Lagos Weber, quien precisó la postura del Gobierno de Michelle Bachelet, "el Ejército ha sido bien enfático en declarar en repetidas oportunidades que como institución no tiene información adicional", al tiempo que reconoció los pasos a favor de la reconciliación nacional dados por la institución armada.
No obstante, son varias las denuncias de víctimas y abogados de ejecutados y detenidos desaparecidos que dan cuenta de que el Ejército y otras ramas de las Fuerzas Armadas que sostuvieron a los organismos represivos de la dictadura, aún mantendrían registros de sus detenidos desaparecidos e incluso de cuál fue el destino final de sus cadáveres.
A finales de la década de los 90, militares de las Fuerzas Armadas participaron en la llamada Mesa de Diálogo para los Derechos Humanos, creada a instancias de la Iglesia Católica chilena y en la que también estuvieron representantes de los Gobiernos democráticos, familias y abogados de las víctimas.
Sin embargo, un gran porcentaje de la poca información que los militares entregaron sobre los presuntos destinos de los detenidos desaparecidos resultó ser falsa.