12 de diciembre de 2019

Chile.- La defensa de Piñera plantea una cuestión previa para tumbar la acusación constitucional en el Congreso

Chile.- La defensa de Piñera plantea una cuestión previa para tumbar la acusación constitucional en el Congreso
El presidente de Chile, Sebastián Piñera - AGENCIA UNO / SEBASTIAN BELTRAN GAETE

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La defensa del presidente chileno, Sebastián Piñera, ha planteado este jueves una cuestión previa en la Cámara de Diputados para tumbar la acusación constitucional formulada contra el jefe de Estado por las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en la represión de las protestas contra el Gobierno.

Diez diputados opositores, el número mínimo de firmantes para que salga adelante, presentaron el 19 de noviembre una acusación constitucional contra Piñera en el Congreso por las "graves" violaciones de los Derechos Humanos a manos de "agentes del Estado" que se han producido durante la ola de protestas.

El proceso, que ha recibido el aval de diputados y senadores, ha comenzado este 12 de diciembre en la cámara baja, siendo la primera vez en 50 años que tiene lugar una acusación constitucional contra el inquilino de La Moneda.

Piñera ha optado por no acudir y ha enviado en su lugar a su abogado, Juan Domingo Acosta, que ha estado acompañado por los ministros de Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumerl y Felipe Ward, respectivamente.

Acosta, tal y como estaba previsto, ha planteado una cuestión previa en la que pide a los diputados que archiven la acusación constitucional por falta de fundamento jurídico, según informa el diario chileno 'La Tercera'.

El abogado de Piñera ha esgrimido que "no se le imputan actos" y, en cualquier caso, "no se imputan actos personales, sino de otros". "Lo que se imputa es haber permitido, tolerado, consentido que otros violen los Derechos Humanos, en palabras de los propios acusadores", ha indicado.

Además, ha sostenido que "el estado de emergencia no se decretó para reprimir la protesta social, como se dice en la acusación, sino frente a una situación grave de conmoción del orden público", y "el Gobierno ha reconocido y lamentado los casos de personas que han resultado muertas o lesionadas" y ha defendido que "no puede haber impunidad".

"En la tarea de resolver la situación por la que atraviesa Chile, no sobra nadie. No sobra ningún diputado o diputada. No sobra ningún senador o senadora. No sobra ninguna autoridad política. Y, créanme, tampoco sobra el presidente", ha aseverado.

Por ello, ha pedido a los diputados que hagan gala de "una visión de Estado, de gobernabilidad y responsabilidad", y defiendan "la principal institución que la compone, que es la Presidencia de la República.

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Para que la acusación constitucional prospere, requiere mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y dos terceras partes en el Senado y, de acuerdo con los cálculos de 'La Tercera', en estos momentos no saldrían las cifras.

Los diputados decidirán primero sobre la cuestión previa, que aprobarán o rechazarán por mayoría simple. En el caso de que voten en contra de la misma, se adentrarán en el debate sobre el fondo de la acusación constitucional y, tras ello, se pronunciarán.

En la Cámara de Diputados se necesitan al menos 78 votos para que la acusación constitucional pase al Senado. La oposición suma 83 legisladores y el oficialismo cuenta con 72, pero ya hay seis diputados opositores que se han mostrado en contra, por lo que de mantener su 'no' Piñera saldría victorioso.

La acusación constitucional, que solo se puede lanzar contra ciertos altos cargos del Estado, entre ellos el presidente, implica la destitución inmediata, pudiendo conllevar una inhabilitación para ejercer cargos públicos. También puede precipitar un proceso civil o penal.

Hasta ahora, solo tres presidentes han sido sometidos a un 'impeachment' en Chile, Manuel Montt en 1868, que ganó; Carlos Ibáñez del Campo en 1931, que fue cesado; y Arturo Alessandri en 1939, cuyo proceso naufragó antes de concluir.

CRISIS SOCIAL

Las protestas en Chile estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses pero escalaron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y exigir un cambio constitucional.

Más de 20 personas han muerto por la represión de las manifestaciones contra el Gobierno, entre ellas cinco de las que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha acusado a las fuerzas de seguridad.

Piñera, que reaccionó inicialmente declarando el estado de emergencia, pidió perdón por no escuchar a los chilenos, anunció una "agenda social" para colmar sus demandas y remodeló el Gobierno para llevarla a cabo.

Además, el presidente chileno ha accedido 'in extremis' a un proceso constituyente que se decidirá en un plebiscito el próximo mes de abril. Pese a ello, las protestas han continuado.

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