20 de abril de 2006

Chile.- El ervicio Médico Legal reconoce errores en identificación de 92 víctimas de la dictadura de Pinochet

SANTIAGO, 20 Abr. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -

El director del Servicio Médico Legal chileno, Óscar Vargas, reconoció "errores de identificación" en las indagaciones respecto de 128 víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y pidió excusas públicas a los familiares de los ejecutados por el régimen de facto.

"En nombre del Servicio Médico Legal, le pedí perdón a los familiares afectados por errores del pasado; pero fundamentalmente porque, a raíz de esos errores, a partir de ahora se van a reabrir heridas", dijo el doctor Óscar Vargas.

Las disculpas del médico del organismo, que depende del Ministerio de Justicia, se refieren a los fallos detectados en las pericias forenses de las 108 urnas que fueron desenterradas del Patio 29 del Cementerio General de Santiago de Chile en 1991.

El caso, que generó gran impacto en la opinión pública, permitió confirmar que la dictadura había sepultado de manera ilegal, en calidad de no identificados (NN) a 128 hombres y mujeres, tras torturarlos, ejecutarlos y fusilarlos en los meses posteriores al golpe de Estado de 1973.

Hasta el hallazgo de los cadáveres, que incluso estaban sepultados de en dos en dos en una sola urna, estas personas figuraban en calidad de "detenidos desaparecidos".

Las excusas fueron expresadas por el director del Servicio Médico Legal en una reunión privada que el personero de gobierno sostuvo la tarde de ayer miércoles con representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el juez de derechos humanos Carlos Gajardo, en la Corte de Apelaciones de Santiago.

En la reunión, el médico explicó los fallos cometidos en el proceso de toma de muestras de los restos mortales, los que, posteriormente fueron enviados en 1999 a la Universidad de Glasgow, en Escocia, donde se detectaron errores que no fueron dados a conocer a la opinión pública.

El 'informe Glasgow', que fue omitido por el Servicio Médico Legal, que le restó validez, determinó que había serias diferencias e imprecisiones en la identificación de los cadáveres realizada con muestras de ADN de los familiares de las víctimas.

Debido a este informe, en 2005 otro juez ordenó que se desenterraran 92 de las 108 urnas para realizar nuevas pericias y confirmar las causas de las muertes y las identidades de las víctimas.