SANTIAGO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha revelado que está centrado en "buscar responsabilidades penales" por los casi 3.000 casos de falsos exonerados políticos durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
"Lo único que buscamos en este caso, y en lo que estamos enfocados, son las responsabilidades penales de aquellas personas que defraudaron al fisco y abusaron como falsos exonerados", ha dicho la portavoz del Gobierno, Cecilia Pérez.
Pérez ha aclarado que no van a emprender acciones legales contra los parlamentarios que reciben una pensión como exonerados políticos porque "son verdaderos exonerados políticos". "Así han sido calificado y, como Gobierno, lo respetamos y protegemos", ha indicado.
La portavoz gubernamental ha subrayado que al Ejecutivo "le corresponde aplicar la ley, no hacer juicios de valor sobre a quién le corresponde cobrar una pensión como exonerado político". "Los vamos a seguir protegiendo, valorando cada uno de sus derechos", ha aseverado.
El presidente del Partido Comunista (PC), Guilllermo Teillier, se ha pronunciado también sobre los llamamiento de algunos sectores al Gobierno para que revise todas las pensiones concedidas a parlamentarias por ser exonerados políticos.
"Yo fui exonerado político en 1973, no hay ningún secreto en eso, y no voy a renunciar a esta pensión porque es la única que tengo", ha sostenido, en declaraciones recogidas por el diario chileno 'El Mercurio'.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Por su parte, la Corte Suprema ha designado este miércoles a la magistrada Mireya López como encargada de la investigación que el Poder Judicial llevará a cabo sobre estos casi 3.000 exonerados políticos.
El objetivo es que López, que hasta ahora integraba la Corte de Apelaciones de Santiago, investigue con dedicación exclusiva todas las irregularidades cometidas antes de la entrada en vigor de la reforma procesal penal de 2005.
Hasta ahora, estas pesquisas estaban repartidas en las manos del 34º Juzgado del Crimen de Santiago, última sede judicial en funcionar por la antigua legislación procesal penal, y de la Fiscalía Centro-Norte, por una denuncia formulada en 2010.
La designación se ha producido a petición de dos diputados de la Unión Democrática Independiente (UDI) y, según ha explicado el portavoz de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, porque "es un asunto que no sólo ha causado revuelo y expectación, sino alarma pública".
La portavoz gubernamental ha celebrado el nombramiento de López. "Todo lo que sirva para aclarar, bienvenido sea", ha dicho. "No tenemos que seguir tapándole la boca a nadie, ni tratar de blanquear cortinas de humo en la Concertación", ha añadido.
Este caso se ha destapado en el marco de la campaña para las elecciones primarias del próximo 30 de junio y para las elecciones generales del próximo 17 de noviembre, en las que Bachelet parte como favorita para volver a La Moneda.