Actualizado 09/05/2013 07:56

El Gobierno insta al Congreso a tramitar con mayor celeridad el proyecto de ley "para sancionar a encapuchados"


SANTIAGO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, ha instado al Congreso a tramitar con mayor celeridad el proyecto de ley "para sancionar a los encapuchados" que se dedican a reventar las manifestaciones, después de los disturbios en la marcha estudiantil que se ha celebrado este miércoles en Santiago.

"Llamo al Congreso a que colabore (con el Gobierno) con la mayor rapidez posible para aprobar el proyecto de ley para sancionar a los encapuchados", ha dicho, en declaraciones recogidas por el diario chileno 'El Mercurio'.

Chadwick ha recordado que el objetivo de este proyecto de ley es "sancionar con penas mayores a quienes cubren su rostro para desarrollar actos de violencia en marchas y manifestaciones" con el fin de que "se puedan desarrollar en paz".

El ministro de Interior ha realizado estas declaraciones después de que entre 80.000 y 35.000 personas --según convocantes y fuerzas de seguridad, respectivamente-- recorrieran la capital chilena en la segunda gran manifestación estudiantil del año.

Como viene siendo habitual en estas marchas, un grupo de unos 40 encapuchados ha atacado a los carabineros que vigilaban el recorrido, que han respondido gases lacrimógenos y cañones de agua. Además, ha atacado al periodista de CNN Chile Tomás Cancino.

"Nuestro rechazo categórico a este tipo de actos de violencia. Lo tuvimos con ocasión de la marcha del 1 de mayo con un equipo de Canal 13 y hoy lo tenemos con CNN. No podemos continuar con este tipo de violencia", ha dicho.

Chadwick ha reiterado que el Gobierno "respeta el derecho a manifestarse de los estudiantes, pero del mismo modo exige el deber de respetar la paz, la tranquilidad y la normalidad de una inmensa mayoría silenciosa que termina siendo víctima".

Desde hace dos años, alumnos y profesores chilenos claman en las calles de las principales ciudades del país sudamericano por una educación pública, gratuita y de calidad. El Gobierno ha presentado una reforma educativa y otra fiscal, para financiar la primera, que los manifestantes consideran insuficiente.