8 de mayo de 2016

El Gobierno renuncia a las secciones de la reforma laboral vetadas por su inconstitucionalidad

El Gobierno renuncia a las secciones de la reforma laboral vetadas por su inconstitucionalidad
REUTERS

SANTIAGO, 8 May. (Reuters/EP) -

   El Gobierno chileno ha anunciado este sábado su intención de renunciar a las partes de la reforma laboral impulsada por la presidenta Michelle Bachelet que fueron declaradas inconstitucionales y las enviará al Congreso para reabrir el debate.

   El Tribunal Constitucional aceptó el pasado 27 de abril a trámite un recurso de diputados de la oposición en particular contra un artículo que establecía al sindicato como el único actor de la negociación colectiva, en un duro golpe para la iniciativa impulsada por la presidenta socialista Bachelet.

   También rechazó parte de una medida que prohíbe a las compañías extender los beneficios resultantes de los acuerdos a los empleados no sindicalizados.

   "No podemos descartar no sólo que se comprometan (por la decisión del TC) algunos de los avances alcanzados en el proyecto, sino que se materialicen retrocesos en los derechos de los trabajadores", ha apuntado el ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz.

   Para evitar tales riesgos, "se hace preciso vetar ciertos aspectos del proyecto" enviándolos de vuelta al Congreso, ha añadido en declaraciones desde el palacio presidencial de La Moneda.

   Está previsto que el 9 de mayo se publiquen los detalles completos de la decisión del Tribunal Constitucional. "Una vez que conozcamos todos los fundamentos de la decisión del Tribunal, enviaremos un proyecto de ley al Parlamento que adecue el texto a dichas consideraciones en materia de titularidad sindical y que restablezca condiciones a objeto de avanzar en las relaciones laborales más equilibradas y justas", ha apuntado Díaz.

   "En la medida que el fallo del tribunal permita que los sindicatos sean la única contraparte para acordar pactos, repondremos en el nuevo proyecto de ley estas materias", ha agregado.

   La reforma, encaminada a fortalecer el trabajo organizado, fue aprobada por el Senado en marzo después de una dura batalla que generó divisiones dentro de la coalición de gobierno Nueva Mayoría.

   La ley busca fortalecer a los sindicatos y poner fin al reemplazo de trabajadores en huelga, algo que los empresarios rechazan y han advertido que afectará el empleo precisamente en un momento de debilidad de la economía doméstica.