SANTIAGO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La oposición chilena ha entregado al Gobierno de Sebastián Piñera su propuesta para la reforma del sistema educativo del país, que cuenta con ocho puntos, entre los que destaca la gratuidad para el 70 por ciento de los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores.
En opinión de los partidos políticos de oposición, "el Gobierno ha buscado derrotar al movimiento estudiantil en lugar de escucharlo", con lo que ha convertido la reforma de la educación en un "problema de orden público". "Dicha actitud se ha reiterado en la presentación del Presupuesto 2012, que no introduce ningún cambio relevante en educación", reza el documento.
En consecuencia consideran que "es necesaria una reforma que reoriente el funcionamiento de la educación chilena, entendiendo la educación como un bien público cuya calidad y equidad deben estar apropiadamente garantizadas por el Estado".
En primer lugar, proponen una reforma "que resguarde constitucionalmente a la educación como un bien público", ya que "la libertad de enseñanza no puede seguir teniendo supremacía respecto al derecho a la educación, el cual está hoy definido en forma débil y no cuenta con instrumentos eficaces para asegurar su protección".
Para la consecución de este objetivo abogan por la creación de un sistema "serio y transparente" de financiación que garantice la ausencia del ánimo de lucro en las instituciones académicas, como contempla la legislación actual, que debe aplicarse gradualmente a los institutos profesionales, los centros de formación técnica y los centros de educación subvencionada.
Además, abogan por la gratuidad para el 70 por ciento de los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores, que gradualmente podrá extenderse a las universidades privadas, siempre que cumplan unos requisitos mínimos. El 30 por ciento restante contará con becas, cuya cantidad variará en función de sus ingresos.
Este sistema de gratuidad se complementará con uno de promoción meritoria, de modo que las universidades del Consejo de Rectores deberán reservar un porcentaje de sus matrículas a los alumnos con mejores notas en la educación media con el objetivo de alcanzar una cuota del diez por ciento, desde el cinco por ciento actual.
En lo que se refiere al Crédito con Aval del Estado, deberá alcanzar los estándares del actual crédito solidario para asegurar que sus cuotas de pago no excedan los ingresos familiares. Como medida de control, proponen que esté gestionado por una agencia pública.
Contemplan también la desmunicipalización de los centros de educación primaria y secundaria para crear un sistema nacional de educación pública escolar "que sea autónomo, descentralizado, pluralista, laico y democrático", una de las principales demandas de los estudiantes.
A este respecto, consideran que el Estado debe aumentar los recursos destinados a los niveles de educación preescolar y escolar para "reducir el número de alumnos por curso, asignar más horas a la preparación de las clases y al desarrollo de actividades deportivas y culturales y fortalecer los equipos directivos".
Asimismo, creen necesario "actualizar la oferta de carreras", ya que "hay muchos ámbitos laborales de alto interés y proyección que no están siendo cubiertos". "Se debe hacer una inversión sustantiva en el mejoramiento de la infraestructura, la tecnología y los insumos con que trabajan los estudiantes y en el perfeccionamiento de los docentes que las imparten", apuntan.
Para hacer posible esta reforma de la educación, consideran necesario hacer también una reforma tributaria que garantice su financiación. "Es indispensable construir un Fondo de Reforma de la Educación real, permanente, con reglas claras de funcionamiento y con recursos estables que permitan afrontar los desafíos de la reforma educativa", señalan.