15 de mayo de 2007

Chile.- El Supremo chileno apoya a La Moneda para la entrada en vigor de la Ley de Nueva Responsabilidad Juvenil

SANTIAGO, 15 May. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Claudia Riquelme) -

El presidente del Tribunal Supremo chileno, Enrique Tapia, dijo hoy que están dadas las condiciones para la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal el próximo 8 de junio, tal como lo ha anunciado La Moneda.

La entrada en vigor de la nueva normativa, compromiso de Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ha sido objeto de polémica en el Parlamento, donde parlamentarios de todas las bancadas, incluyendo a las del oficialismo, se sumaron a los de la oposición de derecha, que promueven la postergación de un año de la entrada en vigor de la citada ley, que hace responsables de sus actos a los jóvenes desde los 14 años.

Asimismo, los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename), que se encarga de los jóvenes recluidos en centros de rehabilitación, han anunciado paralización de actividades, ya que consideran que el proyecto es inviable por falta de infraestructura y porque, además, consideran que encarcelar a los jóvenes no promueve la integración de los condenados en la sociedad, sino que agrava sus carencias.

No obstante el rechazo de los diputados, el presidente de la Cámara, Patricio Walker, ha dado su apoyo al proyecto de ley.

Walker dijo que "le hemos pedido al presidente de la Corte Suprema que nos dé una opinión imparcial, objetiva, y él nos dice que están en condiciones de empezar a implementar en sus tribunales el nuevo sistema".

El parlamentario se mostró confiado en un buen funcionamiento los 17 centros de privación de libertad estipulados, además de la concreción de las medidas para que exista rehabilitación en el consumo de droga y capacitación para los infractores.

Hoy martes, la Cámara de Diputados votará una indicación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para aplazar en un año la puesta en marcha de la normativa, tras acusar "falta de condiciones", pese a que el propio Gobierno se ha puesto como fecha límite el 8 de junio.