Muchos hondureños tratan de buscar una nueva vida fuera del país pero no todos lo consiguen
MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
"Temo por mi vida y la de mi familia". Como a Ernesto, a miles de hondureños toparse con las pandillas les ha cambiado la vida. En muchos de los casos, optan por trasladarse a otro barrio de la ciudad o incluso a otros puntos del país, mientras que para otros salir fuera parece la mejor solución, aunque no todos lo logran. Tanto quienes se desplazan como quienes vuelven tras fracasar a Honduras, necesitan ayuda, subraya el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
En el caso de Ernesto, vive escondido en un pequeño cuarto en San Pedro Sula donde pasa las horas jugando al ajedrez mientras espera que se resuelva su solicitud de asilo en México, un proceso que podría demorarse hasta seis meses. "Me da miedo salir, prefiero estar encerrado", confiesa al CICR.
Su vida cambió cuando hace unos meses unos pandilleros acosaron a su novia cuando regresaba a casa y él trató de defenderla. Ya había recibido amenazas antes por no querer colaborar y participar en los negocios ilícitos de la pandilla, así que esa fue la gota que derramó el vaso.
Los pandilleros acudieron a su casa en busca de venganza, pero él estaba trabajando. Su madre le avisó por teléfono: "No regresé a casa esa tarde, ni al día siguiente, ni a la mañana después. Preferí huir del país para salvar mi vida". Ernesto decidió pedir un adelanto a su jefe y se marchó con destino a México, donde a las dos semanas le detuvieron las autoridades migratorias en Tapachula.
"Solicité asilo, aunque me dijeron que no era buena idea, que debía pasar mucho tiempo encerrado", explica el joven. Las autoridades mexicanas le recomendaron que volviera a Honduras mientras se tramitaba su solicitud. De eso ya hace tres meses y Ernesto no se ha quitado el miedo del cuerpo. Por las noches, afirma, tiene pesadillas en las que los pandilleros llegan a su escondite para matarle.
Keila también intentó, aunque sin éxito, huir del país después de que a su marido lo asesinaran. Unos supuestos policías se lo llevaron de casa y, tras torturarlo, lo mataron y dejaron tirado. Según cuenta la mujer, su marido estuvo pagando durante meses el llamado "impuesto de guerra" para poder seguir con su trabajo de camionero, en su caso, unas 5.000 lempiras al mes (unos 250 dólares).
Pero un día el camión se averió y el marido de Keila se retrasó con los pagos y con ello comenzaron las amenazas. Su marido apenas dormía y cayó en una depresión. Hasta que le mataron. Pese a lo ocurrido, Keila decidió quedarse en el barrio porque tenía dos niñas pequeñas y un niño. "No tenía otro lugar a dónde ir. A la dos semanas del asesinato de mi esposo, las amenazas se dirigieron a mí", indica.
"ME DIERON 24 HORAS PARA DEJAR MI CASA"
"En cualquier rato te toca" o "no dejaremos ningún cabo suelto", le advertían en los mensajes escritos que recibió, a los que pronto se sumaron las llamadas telefónicas, hasta que un día le dieron 24 horas para salir de su casa o la matarían a ella y al resto de su familia.
"Sin pensarlo dos veces, a la mañana siguiente abandoné el barrio. Salí de casa vistiendo solo una camiseta blanca, un short beige, unas sandalias de plástico y un poco de ropa para las niñas y el niño", recuerda. Aunque inicialmente no sabía dónde ir, finalmente optó por Estados Unidos, pero fue detenida en Tapachula, desde donde fue deportada a Honduras.
De vuelta en su país, se ha instalado en un lugar del interior, lejos del peligro y las amenazas de las 'maras'. Pese a que ella y sus hijos viven en una pequeña casa de madera en medio del bosque y que "la vida en el campo no es fácil, falta trabajo, no hay centros de salud, hay que caminar mucho para buscar qué comer y la escuela queda lejos", tiene claro que "por lo menos tenemos paz y tranquilidad".
Michel cree que fueron sus oraciones las que trajeron de vuelta a su madre a Honduras. A sus 8 años, ha vivido con terror el intento fallido de su madre de llegar a Estados Unidos y aunque era una de las mejores de su clase, sus notas se resintieron. Ángela, su madre, regentaba un pequeño kiosco en San Pedro Sula y ganaba lo suficiente para que su hija fuera a un colegio bilingüe.
Pero un día comenzaron las amenazas después de negarse a vender droga en su negocio para una pandilla. Tras varios ataques al negocio, las ventas cayeron y se vio obligada a vender todo y mudarse a otro barrio de la ciudad, pero también allí las encontraron y asaltaron su vivienda. Ángela y su hija trataron de volver a mudarse "pero la casera al enterarse de que habíamos sido víctimas de extorsión y asaltos por las maras no quiso cerrar el trato".
Desesperada, Ángela se decidió a salir del país con destino a Estados Unidos. Durante su ausencia, Michel rezaba por ella. La menor asegura que temía por los "coyotes" y que también "tenía miedo por el intensos frío de las noches, el calor agobiante y la deshidratación del desierto o los cocodrilos del río Bravo que nos contaban en la escuela".
En muchas escuelas de Honduras, los profesores cuentan a los niños los peligros de la migración, en un esfuerzo por concienciar sobre ello. "Sin embargo no hablaban de otros peligros que hay aquí", lamenta Michel, que quiere ser doctora y que está feliz de que su madre esté de vuelta. "Siempre soñamos con tener una casa propia. Ahora que la tenemos esperamos reiniciar nuestras vidas", asegura Ángela.
MÁS DE 250.000 DESPLAZADOS DESDE 2004
Como Ernesto, Keila y Ángela, en 2018 hubo más de 75.000 migrantes retornados, 44.760 desde México y 30.345 desde Estados Unidos, según los datos oficiales, una cifra un 56,76 por ciento superior a los retornos registrados en 2017 (48.000).
En muchos casos no pueden volver a sus casas y se ven forzados a trasladarse a otros puntos del país. Según un estudio sobre desplazamiento por violencia en Honduras, ha habido 250.988 desplazados entre 2004 y 2018, el 2,7 por ciento de la población total. De ellos, el 54,6 por ciento son mujeres y el 45,4 por ciento hombres.
El CICR ha unido esfuerzos junto a otros organismos humanitarios y autoridades estatales en Honduras para asistir a los desplazados por la violencia tanto en las fases de emergencia como de reintegración. "Honduras es el único país de la región de Centroamérica que reconoce que tiene una problemática de desplazamiento", valora el jefe de misión del CICR para Honduras, Alexandre Formisado.
"Ha habido avances importantes por parte del Estado, pero también se requieren soluciones a largo plazo o duraderas", subraya. Entre estos avances figura la creación en 2013 de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por Violencia (CIPPDV), que reúne a instituciones del Estado, sociedad civil y organismos humanitarios y cuyo cometido es la formulación de políticas y la adopción de medidas para la prevención del desplazamiento forzado por la violencia.
Estas personas necesitan alojamiento temporal, traslado seguro, alimentación y agua, atención médica y psicológica, reubicación, reinserción escolar y generación de ingresos, según han identificado tanto el CICR, como otras organizaciones y la Secretaría de Derechos Humanos hondureña.
Según Formisano, "algunos de los migrantes que son retornados, al igual que las personas que se desplazan dentro del país producto de la violencia, requieren más que respuestas inmediatas" centradas en poder rehacer sus vidas y poder generar ingresos.
En este sentido, la discusión y aprobación de la nueva Ley para la Prevención, Atención y Protección de las personas Desplazadas Forzadamente "será un paso muy importante para brindar respuestas integrales y duraderas a las personas desplazadas en Honduras", asegura el responsable del CICR.
La ley, presentada hace unas semanas al Congreso hondureño, "es una oportunidad para Honduras y la región", resalta Formisano en declaraciones a Europa Press.