SAN JOSÉ, 27 Ene. (EP/AP) -
El presidente colombiano Álvaro Uribe expresó este viernes su apoyo enfático a la labor que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ratificó el compromiso de su país de cumplir con las sentencias emitidas por esa entidad.
El mandatario hizo referencia a la evolución de los derechos humanos en Colombia y destacó que el proceso de paz con los paramilitares en la actualidad tiene puntos muy importantes como la aplicación de la Ley de Justicia y Paz para los combatientes desmovilizados.
"Es ley de paz, pero con imperativo de verdad, con búsqueda o imperativo de reparación, eso marca diferencias con el pasado colombiano", resaltó.
Detalló que en la cárcel están "90 líderes paramilitares, los importantes y si cumplen con todos los requisitos de la ley van a tener sentencias reducidas".
Además, Uribe recalcó que bajo su Gobierno se han desmovilizado de forma colectiva unos 30.000 paramilitares y un número importante de rebeldes también han dejado las armas de manera individual o en pequeños grupos, hecho que catalogó como "el más grande de la historia", pues los procesos de paz del pasado no desmovilizaron más de 4.000 personas.
"Los grupos remanentes derivados del paramilitarismo son hoy tratados como delincuentes comunes. Y la instrucción que la fuerza pública ha recibido de mi parte, en público y en privado, es perseguirlos y derrotarlos". "Nuestra ley no permite amnistía ni indulto para delitos atroces", añadió.
El presidente de la CIDH, el mexicano Sergio García, resaltó el compromiso colombiano con el sistema interamericano de derechos humanos y en particular con la Corte.
Uribe realizó la visita a la CIDH, con sede en San José, y que celebra un periodo de sesiones desde hace una semana y concluirá el próximo 2 de febrero.
En la agenda de los jueces figuran tres casos colombianos. El primero sobre el pueblo indígena Kankuamo, con el análisis de la implementación de las medidas provisionales de protección para sus habitantes emitidas por la CIDH en julio del 2004.
Para el segundo caso --Escué Zapata contra Colombia-- se presentarán cuatro testigos y un perito por una demanda que llegó a la Corte en mayo del año pasado por el secuestro en febrero de 1988 de Germán Escué Zapata por parte supuestamente de unos 50 agentes del ejército. Poco después de que lo habían sacado de su casa, la madre encontró el cuerpo de Escué sin vida y con signos de tortura.
El tercero se llama el 'Caso de la masacre de La Rochela'. Los hechos se remontan al 18 de enero de 1989 cuando un grupo paramilitar, con la cooperación de agentes estatales, ejecutó extrajudicialmente a 12 personas dentro del corregimiento de La Rochela en el departamento de Santander.