4 de octubre de 2012

Colombia.- Amnistía denuncia la impunidad respecto a los crímenes sexuales relacionados con el conflicto colombiano

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves la falta de "avances reales" por parte de las autoridades de Colombia para llevar ante la Justicia a los responsables de crímenes sexuales relacionados con el conflicto armado que vive el país, y ha advertido de la necesidad de que el respeto a los Derechos Humanos ocupe "el primer lugar" del orden del día de las próximas conversaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La organización ha hecho público el informe 'Colombia: Invisibles ante la justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos en el conflicto', en el que se examinan las medidas adoptadas por las autoridades en el último año para garantizar el procesamiento de los presuntos responsables de actos de violencia sexual "cometidos en el largo conflicto armado que afecta al país".

"Al no investigar efectivamente la violencia sexual contra la mujer, las autoridades de Colombia transmiten a los perpetradores el peligroso mensaje de que pueden seguir violando y cometiendo abusos sexuales sin temor a las consecuencias", declaró el investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional, Marcelo Pollack.

"El respeto a los Derechos Humanos debe ocupar el primer lugar del orden del día de las próximas conversaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia", advirtió. En este sentido, añadió, "sin un compromiso claro de todas las partes del conflicto para poner fin a la violencia sexual y a otros abusos contra los Derechos Humanos, no puede haber una paz duradera y estable en Colombia".

En el contexto del conflicto armado de Colombia, según el informe de AI, las mujeres son escogidas como víctimas de violencia sexual para sembrar el terror en las comunidades y obligarlas a huir de sus tierras, vengarse del enemigo, controlar los derechos sexuales y reproductivos de las combatientes o explotar a mujeres y niñas como esclavas sexuales.

Aparte, "un número cada vez mayor de defensoras de Derechos Humanos que trabajan para denunciar los abusos y combatirlos es, a su vez, objeto de amenazas y ataques", advirtió la organización.

Según AI, la violencia sexual, sobre todo en el contexto del conflicto, no se suele denunciar ante las autoridades porque "las mujeres suelen sentirse demasiado atemorizadas para hablar, temen la estigmatización que conlleva ser una superviviente de la violencia sexual o creen que el delito no será investigado efectivamente".

El informe indica que la falta generalizada de denuncias y el hecho de que las instituciones del Estado no reúnen unas estadísticas precisas dificultan una evaluación del alcance de estos crímenes.

Los datos más fiables disponibles --"pese a que subestiman la escala del problema", según AI-- son los recabados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El Instituto realizó en 2011 un total de 22.597 exámenes en presuntos casos de violencia sexual. No obstante, según la organización, "en solo 72 de ellos se identificó como combatientes a los presuntos autores".

FALTA DE JUSTICIA

Entre los obstáculos para obtener justicia, la ONG incluye la falta de medidas de seguridad efectiva para las supervivientes y para quienes intervienen en las actuaciones judiciales, la discriminación y estigmatización de las supervivientes por parte de las autoridades judiciales y la inexistencia de una estrategia integral para combatir la impunidad en estos casos.

Aparte, las deficiencias burocráticas, la falta de fondos y "la infiltración de grupos armados ilegales en las instituciones estatales locales" también obstruyen la capacidad del sistema de justicia civil para hacer justicia, agregó Amnistía.

"El problema en Colombia no reside principalmente en la falta de leyes, resoluciones, decretos, protocolos y directivas relativamente buenos, que existen y en gran número, sino que no se aplican de forma efectiva y sistemática en todo el país", advirtió Pollack.

El informe destaca que varios responsables políticos de alto nivel --como el vicepresidente, Angelino Garzón, y el fiscal general de la Nación-- han expresado públicamente su compromiso con que se haga justicia para las supervivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto.

Aparte, también se han presentado varias iniciativas legislativas durante el pasado año que, "de ser aplicadas efectivamente, podrían tener un impacto positivo en el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación", aseguró AI.

Este mismo año, los parlamentarios Iván Cepeda y Ángela María Robledo, con el apoyo de Pilar Rueda, defensora delegada para los Derechos de la Mujer, la Niñez y la Juventud del Defensor del Pueblo, presentaron un proyecto de ley ante el Congreso para combatir la impunidad en los casos de crímenes sexuales relacionados con el conflicto.

De ser aprobada, esta ley, entre otras cosas, modificaría el Código Penal para reflejar las normas internacionales y tipificar la violencia sexual relacionada con el conflicto como delito específico en la legislación nacional.

EL CONTEXTO

Según Amnistía Internacional, a causa del largo conflicto armado de Colombia, "millones de civiles han sido víctimas de desplazamiento forzoso, homicidios ilegítimos, torturas, desapariciones o secuestros, así como de abusos sexuales a manos de todas las partes". El desplazamiento forzoso, según la organización, "tiene un impacto desproporcionado en las mujeres".

Solo en 2011, según la organización, más de 259.000 personas se vieron obligadas a huir de sus casas, en gran medida como consecuencia de las hostilidades. Más de 305 civiles fueron secuestrados o tomados como rehenes, sobre todo por grupos de delincuentes comunes, pero también por guerrilleros. Asimismo, 111 indígenas, 45 defensores de Derechos Humanos y líderes comunitarios y al menos 29 miembros de sindicatos perdieron la vida violentamente.

Según los informes que han llegado a AI, las fuerzas de seguridad perpetraron en 2011 al menos 38 ejecuciones extrajudiciales. Aparte, las minas terrestres, sembradas en su mayor parte por los grupos guerrilleros, fueron responsables de la muerte de 20 civiles y de 49 miembros de las fuerzas de seguridad.

"Los abusos contra los Derechos Humanos y las violaciones del Derecho Internacional Humanitario rara vez son investigados efectivamente, y sus responsables casi nunca responden ante la justicia", denunció Amnistía Internacional.