Garzón advierte de que es posible que los culpables no sean condenados por la justicia colombiana
MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, Eduardo Pizarro, aseguró hoy que las controvertidas extradiciones de importantes ex paramilitares a Estados Unidos, donde estaban reclamados por delitos de narcotráfico, ha facilitado la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, marco legal mediante el que se juzgan los crímenes cometidos por los grupos paramilitares.
En un debate celebrado en la Casa de América de Madrid, Pizarro subrayó que la ley es "enormemente importante" porque ha permitido la creación de una comisión para las víctimas "en medio del conflicto" y que Colombia sea "el primer país del mundo en el que un grupo armado no derrotado militarmente ha llegado a un acuerdo de paz para irse para la cárcel".
Sin embargo, reconoció que en los siete primeros meses tras la entrega de ex jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Macaco o Jorge 40, éstos no colaboraron con la justicia, si bien, de hecho, las confesiones del primero llevaron a descubrir decenas de fosas comunes y permitieron la revelación del conocido como 'Acuerdo de Ralito' en el que se sentaban las bases de colaboración entre políticos y paramilitares, lo que llevó a la detención de cientos de parlamentarios en un proceso conocido como 'parapolítica'.
Pero Pizarro explicó que con la extradición de los paramilitares "comenzó Justicia y Paz", ya que los sospechosos ya no recibían amenazas y se acabó la corrupción que seguía imperando en las cárceles colombianas donde estuvieron retenidos. Además, afirmó que prefieren ser condenados en el marco legal de su desmovilización antes que en un tribunal norteamericano debido a las cortas sentencias --de entre cinco y ocho años-- que cumplirían en una prisión de su país si confiesan sus crímenes.
Por su parte, el recién nombrado Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Frank Pearl, no se mostró tan optimista como Pizarro, pero aunque admitió que algunos procesos contra paramilitares se han "interrumpido" a causa de las extradiciones, el Gobierno espera que las víctimas "sean reparadas a largo plazo" en un proceso que puede llevar "décadas" por su complejidad.
No obstante, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón advirtió a Pizarro y a Pearl de que los paramilitares podrían no ser juzgados nunca en Colombia en caso de ser condenados a largas penas en Estados Unidos por delitos "menores" a los que se enfrentan en su país, donde han cometido crímenes de lesa Humanidad, por lo que consideró que el proceso de desmovilización y reparación de las víctimas ha sufrido un fuerte revés.
Aún así, Pizarro aseguró que "la ley sigue funcionando" y que, por ejemplo, Salvatore Mancuso está "colaborando" desde la cárcel en Washington, ya que ha continuado con la 'versión libre' o confesión de sus crímenes mediante videoconferencias y ya ha entregado un centenar de sus bienes como reparación para las víctimas.
"PROCESO INDEPENDIENTE"
Para Garzón, sin embargo, "no hay que caer en la trampa" de empezar a aplicar la Ley de Justicia y Paz con la extradición porque "un proceso como éste no puede depender de otros países, sino que tiene que ser independiente". "No sólo es la recuperación de los bienes --que se incautaron los paramilitares--, sino que la reparación de las víctimas requiere una justicia integral", apuntó.
A pesar de todo, el Alto Comisionado para la Paz ofreció un balance positivo de estos casi seis años desde que entró en vigor el marco legal para la desmovilización de los 'paras', la mayor parte integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Así, señaló que se han desmovilizado cerca de 34.000 paramilitares, se han denunciado 22.000 hechos delictivos, se han encontrado 2.055 cadáveres de víctimas en más de 1.600 fosas y se han rendido 1.760 'versiones libres' de los culpables.
Pero Pearl reconoció que muchos 'paras' han vuelto a delinquir, por lo que se requiere, añadió, una mayor coordinación de las instituciones nacionales con las autoridades locales que combaten a las bandas de narcotraficantes en las que se han insertado los paramilitares y algunas de las cuales se han aliado con las guerrillas.
El proceso de la Ley de Justicia y Paz busca, como objetivo último, la reparación de las víctimas, pero, como asegura el último informe sobre este proceso elaboraco por el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), hay una "falta de respuestas eficaces" a pesar de todas las 'versiones libres' que han rendido los ex paramilitares, ya que "algunas buscan otras respuestas que no han conseguido en los procesos judiciales".
Por ello, explica que la pregunta después de seis años es "cómo equilibrar una confesión voluntaria frente a la necesidad de conocer la verdad", aunque también reconoce a la ley como el marco en el que se ha conseguido "dar visibilidad a las víctimas" de los crímenes de las AUC y "reinstitucionalizar" la justicia de Colombia con el proceso conocido como 'parapolítica'.
El director del Programa de América Latina de CITpax, Pedro Medellín, consideró que uno de los mayores logros de la ley ha sido que se reconozca a las víctimas y, por extensión, "la magnitud del conflicto" en Colombia.
Según indicó, todo esto revela un "balance positivo", pero también hay "elementos negativos" como "la fragilidad institucional y la falta de unidad en los objetivos, además de las ya mencionadas extradiciones, que han llevado a la ley a un momento "delicado" que ha "bloqueado" ciertos procesos judiciales.