Publicado 07/08/2019 01:22

Colombia.- Colombia deberá pagar 61 millones de dólares a bancos por un proyecto fallido de Odebrecht

Logo de la empresa brasileña Odebrecht
Logo de la empresa brasileña Odebrecht - REUTERS / PAULO WHITAKER - Archivo

BOGOTÁ, 7 Ago. (Reuters/EP) -

Un tribunal de arbitraje ha condenado este martes a Colombia a pagar 61 millones de dólares (alrededor de 54,4 millones de euros) a bancos involucrados en un proyecto vial de la constructora Odebrecht, que fue cancelado por actos de corrupción en que incurrió la empresa brasileña para que le fuera adjudicada la obra.

El fallo del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá se ha producido después de que la constructora brasileña demandara al país andino en 2018, alegando que el país expropió ilegalmente activos durante la investigación.

El Gobierno consideró que el fallo le fue favorable debido a que las pretensiones iniciales superaban los 780 millones de dólares.

"Se negaron pretensiones por 2,7 billones de pesos. Es una laudo a favor del Estado colombiano", ha indicado Iván Darío Gómez, procurador delegado para la conciliación y vigilancia administrativa.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Colombia determinaron que la empresa brasileña pagó unos 30 millones de dólares a través de sus filiales para asegurarse la adjudicación de la construcción de una autopista de 528 kilómetros con una inversión de más de 1.000 millones de dólares.

El dinero que pagará Colombia irá a bancos que estuvieron involucrados en la financiación del proyecto, pero que no fueron parte de la corrupción, según ha señalado el tribunal de arbitraje. Los bancos son Itaú, Bancolombia, Davivienda , Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas del Grupo Aval.

La compañía brasileña ha estado en el centro del mayor escándalo de corrupción en América Latina desde que reconoció en 2016 que sobornó a funcionarios en una decena de países.

Colombia, que canceló el contrato a Odebrecht, pidió a la entidad fiscalizadora de empresas privadas inhabilitar 20 años a la constructora para suscribir contratos con el Estado y se opuso a un acuerdo para archivar las investigaciones contra la empresa brasileña.