22 de septiembre de 2007

Colombia.- Condenados a seis años de prisión tres pilotos del Ejército colombiano por la muerte de 17 civiles

BOGOTÁ, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Bogotá dictó hoy sentencia de seis años de prisión contra tres pilotos de la Fuerza Aérea colombiana por considerarles responsables de la muerte de 17 civiles de un caserío de Tame (Arauca) que fueron atacados por un error militar durante una operación contra la guerrilla el 13 de diciembre de 1998, según informa el diario colombiano 'El Tiempo'.

El capitán César Romero Pradilla, el piloto Héctor Mario Hernández y el teniente Johan Jiménez Valencia fueron declarados culpables del homicidio culposo -es decir, sin intención- de los civiles que murieron durante esa operación hace casi nueve años.

Los militares recibirán el beneficio de la detención domiciliaria, pues el juez consideró que se trató de un error militar y no de una acción intencionada.

El fallo estableció además que los militares, que tripulaban uno de los helicópteros que apoyaban a las tropas en tierra, tuvieron responsabilidad en 18 casos de lesiones personales también culposas.

La decisión del juez 12 penal del circuito de Bogotá, Martín Leonardo Suárez, atribuye las muertes a una bomba arrojada desde el helicóptero tripulado por Romero, Hernández y Jiménez.

En el momento de la explosión, en Santo Domingo, había un bazar y los sobrevivientes aseguraron que habían salido a la carretera con trapos blancos para evitar ser blanco del fuego.

Precisamente, la mayoría de víctimas estaba junto a un camión en el que, según la versión de la FAC, había material explosivo de la guerrilla que detonó en medio del fuego cruzado.

Sin embargo las investigaciones, en las que participó el FBI estadounidense, determinaron que las muertes se produjeron por la explosión de una bomba de racimo, utilizada por la Fuerza Aérea en operaciones militares.

Las repercusiones del fallo, que será notificado oficialmente la próxima semana, aún están por verse. Por un lado, según allegados a la parte civil, empezarán a tramitarse demandas en contra del Estado por la responsabilidad de sus agentes en las muertes. Por el otro, hay expectativa por la reacción en los Estados Unidos, más ahora que los demócratas tienen la mayoría en el Congreso.

En diciembre del 2002, la entonces embajadora Anne Patterson le recomendó a su Gobierno que suspendiera la ayuda militar a la base de la FAC en Palanquero (Cundinamarca), la más importante del país, por la supuesta falta de colaboración de esa fuerza en la investigación. Desde allí despegó el helicóptero que arrojó el explosivo sobre el caserío y provocó las 17 muertes.

"Washington puede entender que se haya cometido un error militar, sin embargo, reprocha que no se admita y se trate de manipular y engañar", declaró en su momento Patterson.