BOGOTÁ, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La Corte Suprema de Justicia ha determinado que la información contenida en los ordenadores de Raúl Reyes, ex 'número dos' de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue obtenida de manera ilícita, por lo que no podrá ser utilizada como prueba en procesos judiciales.
La sala de lo penal de este tribunal ha señalado que los correos electrónicos y demás documentos extraídos de los discos duros de los ordenadores de Reyes no podrán ser utilizados en ningún proceso judicial desarrollado en Colombia, porque no se siguieron los procedimientos legales para su extracción.
Esta decisión emana del proceso contra Wilson Borja, ex diputado del partido opositor Polo Democrático, quien estaba acusado de mantener contactos con la guerrilla, según informa el diario 'El Espectador'.
No obstante, se espera que esta resolución afecte a otros casos, sustentados también en la información de estos ordenadores. Los más importantes son lo que implican a la ex senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba y al presidente de Ecuador, Rafael correa.
El año pasado, el procurador general, Alejandro Ordóñez, dictó una orden de destitución e inhabilitación para un periodo de 18 años contra Córdoba al considerar que sus vínculos con las FARC iban más allá de la mediación autorizada por el Gobierno para las liberaciones de los secuestrados.
A la luz de esta decisión, la ex legisladora ha planteado la posibilidad de que el procurador general cometiera un delito de prevaricación. "Si la Corte Suprema dice que las pruebas con las que me destituyeron son ilícitas, ¿Qué piensan ustedes que sucederá?", ha escrito en su cuenta de Twitter.
Ahora quedan también pendientes las acusaciones contra Correa, quien, según la información obtenida de estos ordenadores, recibió dinero de las FARC para financiar la campaña electoral de 2006, que le llevó hasta la Presidencia.
Antes de emitir este dictamen, la Corte Suprema de Justicia ya había ordenado archivar la causas contra dos políticos de Polo Democrático --Gloria Inés Ramírez y Jorge Enrique Robledo-- y uno del Partido Liberal --Luis Fernando Velasco--, ante las dudas que planteaban las pruebas.
Las autoridades colombianas se incautaron de los ordenadores tras la muerte de Reyes, ocurrida en marzo de 2008 a causa de un bombardeo de Colombia al campamento donde se refugiaba en Ecuador. Este operativo supuso la ruptura de las relaciones entre ambos países, ya que Quito lo interpretó como una violación de su soberanía.