BOGOTÁ, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, solicitó este miércoles a los ciudadanos de Medellín que se unan a la red de informadores que colaborará con la Fuerza Pública para frenar la ola de violencia en la ciudad y que anunció hoy mismo el presidente del país, Álvaro Uribe.
"Aprovecho para convocar a todos los ciudadanos, estudiantes, amas de casa, profesores, empresarios y tenderos para que entendamos la seguridad ciudadana como una obligación colectiva", dijo Silva después del polémico anuncio presidencial.
Con el fin de acallar las críticas que acusan a Uribe de intentar crear un grupo paramilitar integrado por jóvenes estudiantes, el titular de la cartera de Defensa aseguró que "la Fuerza Pública no tiene la más mínima intención de incorporar a menores de edad en sus actividades".
El funcionario explicó que la propuesta de Uribe busca impulsar "la política de cooperantes bonificados que ha tenido un inmenso impacto positivo en la recuperación de la seguridad ciudadana en todo el país".
El presidente Uribe, anunció este martes la creación en Medellín de un grupo especial de informadores, integrado por 1.000 estudiantes, para alertar al Ejército y a la Policía sobre los movimientos de las bandas de delincuentes organizadas y facilitar su detención, servicio por el que recibirán una bonificación mensual de 35 euros.
RECHAZO DE ONG
Sin embargo, el anuncio del presidente ha suscitado una gran polémica entre la clase política colombiana y entre distintas organizaciones como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) al considerar que la iniciativa "viola el derecho internacional humanitario" porque no garantiza la protección de la población civil que se incorpore a la red.
"Estas redes generan riesgo para la población civil y queremos saber si el presidente de la República va a asumir la responsabilidad de las personas que vayan a ser asesinadas por esa decisión", dijo el presidente de Codhes, Jorge Enrique Rojas.
Asimismo, Rojas indicó que "hay muchos casos de crímenes de la guerrilla motivados por ese argumento" y puso como ejemplo los asesinatos de indígenas awá por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que acusan a los nativos de ser informantes del Gobierno.
En el último año se registraron 2.178 asesinatos en Medellín, lo que representa un aumento del 108 por ciento respecto al ejercicio anterior, con cerca de 1.044 crímenes, según revelan las cifras oficiales.