BOGOTÁ, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
En un debate en el Senado del país, el senador del partido de la U, Armando Benedetti, afirmó que la verdad, justicia y reparación que esperan obtener las víctimas del paramilitarismo "va camino al fracaso", según informó la emisora colombiana Caracol Radio.
Benedetti responsabilizó de manera directa al Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, y al Director de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro, por su "desinterés" y la "falta de asistencia para las victimas", y dijo que por ese motivo deben renunciar a sus cargos.
El senador explicó que esa manera de proceder está favoreciendo la impunidad porque los paramilitares no han entregado los bienes, resultado de sus actividades ilegales, tal como lo prevé la Ley de Justicia y Paz como requisito para la desmovilización, y porque, del millón de víctimas que se calcula que ha dejado el paramilitarismo, tan sólo 8.634 están vinculadas al proceso.
"No sabemos que ha pasado con los bienes de los paramilitares que debían ser entregados como requisito para su desmovilización". "De 3.257 postulados para justicia y paz, tan sólo 12 han entregado bienes", declaró. "Si se tuviera que indemnizar a las 125.368 víctimas registradas en justicia y paz, a cada una le corresponderían apenas 7.000 pesos", expresó el congresista.
Benedetti señaló que en Justicia y Paz hay registradas 125.368 personas. De ellas, el 55 por ciento ha sido acreditada en su condición de víctima por la Fiscalía. Sin embargo, de ese porcentaje sólo el 6,8 por ciento han participado efectivamente en la diligencia de versión libre, que es la manera inicial de vincularse al proceso.
Dijo que en dos años y medio de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, las víctimas no han recibido asistencia legal, facilidades para denunciar, ni mucho menos seguridad. "Las víctimas están siendo asesinadas por denunciar los delitos cometidos en su contra", afirmó. "Hasta hoy, han muerto 15 y hay amenazadas otras 92". "De 204 solicitudes de protección, se acogieron 70, que son atendidas por cuatro funcionarios", reveló.
"La Defensoría del Pueblo no ha hecho nada desde que se expidió la Ley de Justicia y Paz". "Se dedicó a asesorar a las víctimas, pero no a brindar asistencia legal como lo estableció la ley 975 de 2005. 91 por ciento de las víctimas registradas no cuenta con abogado". Se asignaron 68 defensores públicos que atienden, cada uno, a 815 víctimas y la mayoría de ellos trabaja en Bogotá cuando la mayoría de los procesos está en Barranquilla y Medellín", añadió el senador.
En la Fiscalía y la Procuraduría tampoco se han visto avances. Para Justicia y Paz la Fiscalía asignó 23 fiscales que deben atender 3.001 procesos por despacho en dos salas. En la Procuraduría, apenas hay 12 Procuradores Judiciales designados.