26 de febrero de 2020

Colombia.- Denuncian que las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo someten varias regiones del norte de Colombia

Colombia.- Denuncian que las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo someten varias regiones del norte de Colombia
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MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las disputas entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Clan del Golfo han provocado el desplazamiento forzoso de más de mil de personas en varios municipios del norte de Colombia, en especial en el de Ituango, departamento de Antioquía, en donde estos y otros grupos armados ilegales se disputan los territorios abandonados por las extintas FARC tras los acuerdos de paz, lo que supuso, han denunciado sus pobladores, el abandono de la región por parte del Estado.

Ituango, cercado por grupos armados y por la violencia que les llega de las regiones vecinas, ha visto en los últimos días cómo más de 800 de los pobladores de las zonas rurales han huido hacia el casco urbano, después de que paramilitares y guerrilleros disidentes del Frente 18 anunciaran un posible recrudecimiento del conflicto que mantienen por el control de una zona que en la década de los años 90 ya vivió situaciones de violencia similar, como las matanzas de La Granja en 1996, y la de El Aro tan sólo un año después.

Algunas organizaciones sociales y jurídicas han denunciado la situación de "abandono" a la que están sometidos los pobladores de Ituango y otras regiones vecinas después de que el Gobierno de Colombia no haya cumplido con sus obligaciones tal y como prometió tras la firma de los acuerdos de paz con las extintas FARC.

Así, la ONG local Corporación Jurídica Libertad ha denunciado que "al no haber un cabal cumplimiento" por parte del Estado de lo ratificado en los acuerdos de paz, se ha permitido que "Ituango fuera nuevamente copado por diferentes grupos armados", y no sólo por un grupo armado como pasaba anteriormente con las FARC, sino por varios, entre ellos varias organizaciones paramilitares y criminales, como los Pachelly y los Caparrapos.

El objetivo, han explicado, es presionar a las autoridades para que reconozcan la situación de "crisis" que se vive en Ituango, así como para que desarrollen de manera efectiva lo acordado en los acuerdos de La Habana, entre lo que está el programa de sustitución de cultivos, con el que poder cambiar las plantaciones de coca por otro tipo de cosechas, así como garantías de seguridad para líderes sociales y sindicales.

El municipio de Ituango se ha convertido en uno de los principales focos de disputa entre las organizaciones armadas ilegales debido a su privilegiada situación geográfica, ya que comparte fronteras con diferentes regiones del departamento de Antioquía y de Córdoba, así como con el Nudo de Paramillo, una zona montañosa situada en la cordillera occidental de los Andes en Colombia.

"Si el Estado colombiano no toma las riendas, el norte de Antioquía va a terminar con una situación mucho más grave que la del Bajo Cauca", han advertido desde Corporación Jurídica Libertad, ya que, han explicado, las disidencias de las FARC buscan retomar el control con el que se ha hecho de la región el Clan del Golfo en los últimos años.

En ese sentido, los pobladores han denunciado que desde diciembre 2018 ha aumentado la presencia de organizaciones paramilitares, además de la del Clan del Golfo, en Ituango, que hasta 2016 había estado bajo el control absoluto del Frente 18, disidente de las FARC.

La situación de inseguridad no sólo afecta a los habitantes, que han alertado sobre el reclutamiento forzoso de los más pequeños, sino también a los antiguos guerrilleros de las extintas FARC que se han reincorporado a la vida civil tras abandonar las armas. Alertan de que en Ituango "no hay garantías para una óptima reinserción", en consonancia con otras partes de Colombia, donde desde 2016 han sido asesinados más de 230 excombatientes.

Por su parte, el Ejército de Colombia ha anunciado un despliegue militar en Ituango para garantizar, ha dicho el general Juan Carlos Ramírez, "la protección de la población civil" y dar la posibilidad de "un retorno voluntario" a todos ellos.