BOGOTA (Reuters/EP) - Colombia aclaró el lunes que no planteó un acuerdo humanitario con las FARC para lograr la liberación de 24 secuestrados por el grupo rebelde cuando autorizó a la senadora Piedad Córdoba a participar en la entrega unilateral y simultánea de los rehenes.
La posición del Gobierno apunta a dificultar aún más el camino para conseguir la liberación de los rehenes, algunos de los que llevan más de 11 años secuestrados en campamentos de la guerrilla en medio de la selva.
El secretario de información y prensa de la presidencia, César Mauricio Velásquez, recordó que el presidente Alvaro Uribe autorizó a la legisladora del opositor Partido Liberal a participar con la Cruz Roja Internacional y la Iglesia Católica en el acto de liberación simultánea de los rehenes.
"Es importante remitirnos a la declaración del presidente del 8 de julio, que es clara, breve y precisa", explicó.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) insistieron el fin de semana en la necesidad de un acuerdo humanitario con el Gobierno para liberar a los efectivos del Ejército y de la Policía secuestrados a cambio de la excarcelación de guerrilleros presos.
Las FARC anunciaron que mientras el Gobierno define las circunstancias de modo, tiempo y lugar para avanzar en un acuerdo de rehenes, procederá a liberar al suboficial Pablo Emilio Moncayo, al soldado Josué Daniel Calvo y a entregar los restos del capitán Julián Guevara, quien murió en cautiverio.
En respuesta a una carta de la guerrilla, Córdoba dijo el domingo que su mediación humanitaria está supeditada a que el presidente la confirme oficialmente y proponga las condiciones de intercambio.
SIN AVANCES
El grupo rebelde mantiene actualmente secuestrados a 24 efectivos de las Fuerzas Armadas y presiona al Gobierno de Uribe por un acuerdo que permita intercambiar a los rehenes de carácter político por cientos de guerrilleros presos.
Las FARC anunciaron en abril su disposición de entregar a Moncayo y a Calvo a la senadora Córdoba, pero Uribe se opuso con el argumento de que la guerrilla buscaba limpiar su imagen a nivel internacional y ganar protagonismo para las elecciones legislativas y presidenciales del 2010.
Aunque a comienzos de julio Uribe autorizó a Córdoba a participar en la liberación de los rehenes, la condicionó a que fuera simultánea.
El caso de Moncayo ganó gran notoriedad en los últimos meses por la campaña de su padre, el profesor Gustavo Moncayo, quien caminó miles de kilómetros por carreteras para clamar por la liberación del militar secuestrado desde diciembre de 1997.
El drama de los rehenes de carácter político se mantiene pese a que la guerrilla flexibilizó su posición y renunció a su demanda para que el Gobierno retirara las Fuerzas Armadas de una región montañosa de 780 kilómetros cuadrados para establecer una zona de seguridad donde se reunieran delegados de las dos partes a negociar un acuerdo de rehenes.
Uribe, de 56 años, impulsa una ofensiva militar contra las FARC, a las que obligó a replegarse en apartadas zonas selváticas y montañosas, mientras las Fuerzas Armadas recuperaron el control de territorios que por años permanecieron bajo el dominio de grupos armados ilegales.
La estrategia permitió reducir los asesinatos, las masacres, los secuestros y los ataques a la infraestructura económica de este país de 44 millones de habitantes.