Actualizado 02/02/2011 22:25

Colombia/Ecuador.- Ecuador se abstiene de continuar con el juicio contra Santos

QUITO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la provincia de Sucumbíos, en el noreste de Ecuador, ha emitido un dictamen por el que se abstiene de continuar con el juicio contra el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, imputado por su vinculación con el bombardeo a un campamento de la guerrilla en territorio ecuatoriano, ocurrido en marzo de 2008.

En un comunicado, el fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, emitió el dictamen en relación a la instrucción que se tramitaba contra Santos y otras personas relacionadas con el supuesto asesinato de unas 23 personas que fallecieron durante el bombardeo del Ejército colombiano, ha informado este miércoles la agencia oficial Andes.

El llamado ataque de Angostura se produjo el 1 de marzo de 2008 cuando miembros militares y policías colombianos bombardearon un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), situado en el norte de Ecuador, cerca de la frontera común.

En este hecho fallecieron unas 23 personas, de las cuales cuatro eran mexicanos y uno ecuatoriano. La responsabilidad del incidente se atribuyó al Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, para el que Santos trabajaba como ministro de Defensa.

El ataque produjo una crisis diplomática regional por la supuesta violación a la soberanía territorial ecuatoriana y por la presencia ilegal de grupos colombianos al margen de la ley en Ecuador. Tras esto, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ordenó una investigación.

Según informaciones de la Fiscalía, en el momento en el que se presentaron los cargos contra Santos, las circunstancias procesales y de las normas procesales penales permitían imputar a Santos ya que no era presidente en ese momento.

En este sentido, la abstención por parte de la fiscalía está fundamentada en la inmunidad de la que goza ahora Santos, que impide imputarle de los hechos que se formularon en su contra, por un delito común en donde los tribunales y órganos de Administración de Justicia ecuatorianos si eran competentes.