BOGOTÁ, 26 May. (EP/AP) -
El Comité de Gastos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy, sin ninguna propuesta de enmienda, destinar 624,35 millones de dólares (unos 490,6 millones de euros) a la lucha antidroga y contra el terrorismo en Colombia durante 2007.
El presidente del subcomité de Operaciones Exteriores, el congresista Jim Kolbe, explicó que esta decisión "es buena" porque "los miembros del Comité están aceptando lo que estamos haciendo para reestructurar la ayuda para Colombia", según informa el diario colombiano 'El Espectador'.
Kolbe había delineado la ayuda la semana pasada a partir de la consideración a Colombia como "aliado estratégico" de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y terrorismo, áreas consideradas de interés nacional por el presidente, George W. Bush.
El congresista maniobró para retirar 220,3 millones de dólares (casi 173 millones de euros) de la Iniciativa Andina Contradrogas (IAC) y ponerlos en un fondo especial de desarrollo sobre el cual Uribe podrá tomar dinero cuando considere necesario.
Con esa maniobra, los fondos para la IAC quedaron reducidos a 506,8 millones (397,6 millones de euros), que se distribuirán entre Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil y Panamá. Venezuela ha desaparecido de la lista al serle eliminado el millón de dólares pedido por Bush (785.880 euros).
Colombia recibirá adicionalmente una asistencia de 20 millones de dólares (15,7 millones de euros) para la "desmovilización y desarme de combatientes irregulares", concretamente de las "organizaciones terroristas" Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).
GARANTÍAS PARA LA AYUDA
Para acceder a esta última bolsa, el Departamento de Estado tiene que emitir una certificación de que la ayuda sea provista solamente a individuos que han renunciado y terminado cualquier afiliación con esos grupos, y que el Gobierno colombiano esté cooperando plenamente con Estados Unidos en la extradición de dirigentes de esos grupos que hayan sido requeridos por los tribunales estadounidenses.
Además, es necesario que el Ejecutivo colombiano esté implementando un trabajo concreto para el desmantelamiento de las estructuras de operación de esos grupos, y que los los fondos no se otorguen como pagos en efectivo a individuos y sean puestos a disposición sólo para actividades relacionadas con la verificación, reintegración, salubridad, recuperación de bienes para reparación de las víctimas e investigaciones y procesos judiciales.
Sam Farr, demócrata de California, fue el único legislador que tuvo "una observación" sobre este paquete de inversión, ya que, según afirmó, "no hay nada para las víctimas de los grupos", a lo que Kolbe contestó que "todo está en manos del Departamento de Estado".