CIUDAD DE MÉXICO, 31 Ene. (EP/AP) -
El ex ministro de Defensa colombiano Fernando Botero Zea afirmó este martes que el proceso que se le ha seguido en su país por robo de miles de dólares a una campaña presidencial es una "venganza política" y anunció que llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una declaración escrita, cuatro días después de que las autoridades colombianas pidieran a la Interpol localizarlo y seguirlo, el hijo del afamado pintor Fernando Botero manifestó su confianza en que la CIDH acepte su caso y emita "una resolución justa y ajena a la extrema politización del proceso en Colombia", pues a su juicio las autoridades de ese país han incurrido en "graves anomalías". Añadió que agotará los recursos legales que todavía estén a su alcance en Colombia, aunque no precisó cuáles son.
El anuncio de su búsqueda se produjo, después de que la Corte Suprema de Justicia colombiana ratificara una condena a 30 meses de prisión contra Botero Zea al encontrársele culpable de haber robado en 1994 casi 500.000 dólares de la campaña presidencial de Ernesto Samper.
En todo momento, el ex ministro de Defensa niega tales acusaciones. "Se trata de un caso de venganza política por hechos que tuvieron lugar hace 13 años", señaló el ex ministro.
"El resultado de este proceso es fundamental para el esfuerzo del ex presidente Samper de limpiar su desprestigiada imagen en Colombia y a nivel internacional, así como de buscar su reelección presidencial, misma que acaba de anunciar con miras al año 2010", dijo.
"Confío en que el tiempo y las instancias internacionales me acaben concediendo la razón", señaló en la declaración en que asegura que es mexicano de nacimiento y vive desde 1999 en México, donde dirige la revista Estilo México.
La campaña presidencial de Samper fue dirigida por Botero Zea y se convirtió en el centro de un escándalo debido al descubrimiento de que el cartel de droga de Cali aportó grandes cantidades de dinero, lo que hizo que se tambaleara la presidencia de Samper.
Botero ya cumplió una condena de cinco años de cárcel por su implicación en las maniobras para trasladar a la campaña política los fondos aportados por los hermanos Rodríguez Orejuela, capos del cartel de Cali y hoy presos en Estados Unidos.
En agosto de 1999, renunció como ministro de Defensa y fue encarcelado por aceptar las donaciones de la que era entonces la más grande organización narcotraficante del mundo.