BOGOTÁ, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Varios ex ministros del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) estarían interesados en someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional pactada entre el Ejecutivo de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra, según informa RCN Radio.
Fuentes consultadas por la emisora colombiana han revelado que Diego Palacio, ex ministro de Trabajo, Sabas Pretelt, ex ministro de Interior, y Alberto Velásquez, ex secretario general de la Presidencia, se habrían reunido con los asesores jurídicos de las FARC para explorar esta posibilidad.
Interrogado sobre esta cuestión, Enrique Santiago, uno de los abogados que han asesorado a las FARC durante el proceso de paz, ha dicho que le parece "una posibilidad interesante" que permitiría "aportar verdad", uno de los objetivos de las JEP.
"Si ellos han optado por la posibilidad de acogerse a este sistema es porque tienen información de que estos hechos están relacionados con el conflicto, pero si no tienen relación directa, la jurisdicción no será competente", ha alertado.
El letrado español ha rehusado confirmar, sin embargo, estos contactos exploratorios. "He hablado con muchas personas que me han pedido mi criterio jurídico (...) Es muy positivo que todo el mundo se pueda informar, pero no voy a decir si me he reunido o no con ellos porque eso es algo que afecta situaciones jurídicas delicadas", ha espetado.
La JEP es uno de los principales puntos de desacuerdo del 'uribismo' --principal crítico-- con el acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre por el Gobierno y las FARC tras más de cuatro años de negociaciones en La Habana.
La justicia transicional está destinada a juzgar los crímenes cometidos durante la guerra por todas las partes implicadas. Las sanciones van desde los cinco hasta los 20 años en función de la verdad que los acusados estén dispuestos a aportar.