BOGOTÁ, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los familiares de los secuestrados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pedirán a congresistas de Estados Unidos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se opongan al rescate militar de sus parientes, que según ellos, trata de realizar el Gobierno colombiano, por el riesgo que para estos conllevaría.
"Una comisión de familiares de secuestrados viajará a Estados Unidos, con algunos abogados, con el objetivo de conversar con congresistas sensibles al tema del secuestro en Colombia, en especial del Partido Demócrata, para buscar respaldo a un intercambio humanitario", dijo el ex presidente Ernesto Samper en declaraciones a la cadena radiofónica colombiana 'RCN Radio'.
El ex mandatario (1994-1998) impulsa --a título personal con el también ex gobernante, Alfonso López (1974-1978)-- que se proceda a un canje de secuestrados por presos. Samper dijo que una delegación de familiares de los secuestrados por las FARC presentarán, además, una solicitud para tratar de evitar estas acciones a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Ellos pedirán que la Comisión decrete el rescate militar como una medida riesgosa para los secuestrados. El rescate se ha convertido en la única posibilidad para que los secuestrados recuperen su libertad, pero es un riesgo enorme y por ello es urgente la suscripción de un canje", añadió el ex gobernante.
Samper y López critican al Gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe y a las FARC, por no demostrar su intención real de canjear 57 secuestrados por 500 guerrilleros del citado grupo terrorista.
El ex presidente también se declaró dispuesto a impulsar un proyecto de ley que facilite este canje. "En vista de esta angustia que produce la espera queremos crear unas condiciones legales para que tanto Gobierno como las FARC se sienten a firmar el acuerdo", concluyó.
Entre las 57 personas que se encuentran en posesión de las FARC también están tres estadounidenses, la ex candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt y decenas de políticos, policías y militares.
El grupo guerrillero condiciona el canje a la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera, ambos en el departamento del Valle.
El presidente Uribe suspendió los contactos que había iniciado con las FARC para tratar de negociar tras la explosión de un coche bomba en unas instalaciones militares donde ese día estaba previsto un acto con altos cargos del ejército de Colombia, el pasado 20 de octubre.