13 de diciembre de 2012

Colombia.- Las familias de las víctimas de la matanza de Soacha advierten del riesgo de impunidad por el fuero militar

BOGOTÁ, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las familias de las víctimas de la matanza de Soacha han advertido de que la reforma constitucional sobre el fuero militar se traducirá en impunidad para los autores de 'falsos positivos', como se conoce en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por militares o policías contra civiles que hacen pasar por guerrilleros.

"Si estando en la justicia ordinaria han logrado dilatar cuatro años de proceso judicial, ahora, con el fuero, va a primar la impunidad", ha lamentado Luz Marina Bernal, madre de Leonardo Porras, una de las víctimas de la matanza de Soacha.

En la misma línea, otras madres, que han comparecido junto a Bernal, han considerado que el nuevo fuero militar es un premio para los responsables de los casos de 'falsos positivos', según ha informado Caracol Radio.

La matanza de Soacha se perpetró el 29 de junio de 2002, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en un barrio del suroeste de la ciudad colombiana y mató a seis jóvenes. En un principio, el suceso se atribuyó a un enfrentamiento entre bandas rivales, pero después la Fiscalía acusó a varios uniformados, que aún están siendo investigados.

Ayer, el Congreso de Colombia aprobó la reforma constitucional sobre el fuero militar, a pesar de las numerosas críticas que ha recibido a nivel internacional porque sitúa a las fuerzas de seguridad bajo la jurisdicción militar, aumentando con ello el riesgo de impunidad.

La norma jurídica presenta un listado de siete delitos --lesa humanidad, genocidio, ejecución extrajudicial, torturas, desaparición forzosa, desplazamiento forzoso y violencia sexual-- que recaerán en la jurisdicción civil, aunque los hayan cometido policías y militares.

El resto de ilícitos penales cometidos por los uniformados en el ejercicio de sus funciones o en el marco del conflicto armado serán instruidos y juzgados por la jurisdicción militar.

Además, crea un Tribunal de Garantías para vela por los derechos de los uniformados procesados, que estará formado por cuatro ex uniformados y otras cuatro personas elegidas por la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

También crea un fondo destinado "específicamente a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública", es decir, una especie de equipo jurídico que defenderá prioritariamente a los uniformados procesados.

Asimismo, da un plazo de un año para que la Fiscalía y la justicia militar identifiquen todas las investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública y determinen cuáles deben caer bajo la jurisdicción civil y cuáles bajo la militar.

La norma jurídica abre la puerta para que, a través de una ley ordinaria, se redacte un Código Penal Policial y, en consecuencia, se creen juzgados y a tribunales penales policiales, según informa el diario colombiano 'El Tiempo'.