BOGOTÁ, 16 Nov. (Notimérica/EP) -
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han calificado de "exabrupto" la decisión de la Fiscalía de revisar los indultos concedidos en su momento a la extinta guerrilla del M-19 por la toma del Palacio de Justicia.
"Es un exabrupto desde todo punto de vista, por eso, es necesario rodear cualquier eventual acuerdo que logremos en La Habana de todas las garantías posibles", ha dicho el portavoz insurgente 'Marcos León Calarcá'.
El guerrillero ha aprovechado para insistir en que la mejor forma de proteger los acuerdos de paz que surjan del proceso de La Habana es convocar una Asamblea Constituyente, algo a lo que el Gobierno se ha negado reiteradamente.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, ha anunciado su intención de "desplegar las acciones de su competencia para investigar, juzgar y, si es del caso, condenar a los entonces miembros de la organización terrorista responsables de un hecho que todavía enluta al país".
El procurador general, Alejandro Ordóñez, ha apoyado a Montealegre esgrimiendo que hay base jurídica porque la Ley 77 de 1989 con la que se desmovilizaron los miembros del M-19 "excluyó el indulto respecto a los 'actos de ferocidad o barbarie' y los 'homicidios cometidos fuera de combate con sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión'".
"Es evidente que la toma del Palacio de Justicia comprendió por parte del M-19 actos de ferocidad y barbarie que son imposibles de amnistiar. Es claro también, conforme a diversos testimonios, que en la acción esa guerrilla asesinó magistrados y civiles fuera de combate y en estado de indefensión", ha sostenido Ordóñez.
El Gobierno se ha alineado en este caso con la tesis de las FARC. "Las decisiones que se tomaron con base a esos acuerdos tienen hoy plena vigencia y legalidad y consideramos que no deben ser sujetos a una revisión", ha dicho el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo.
TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA
El 6 de noviembre de 1985 guerrilleros del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia, ubicado en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, a lo que militares y policías respondieron con un operativo que duró 27 horas, prolongándose hasta el día siguiente.
En total, 98 personas murieron y 11 desaparecieron, aunque en el año 2000 este número se redujo a 10 con el hallazgo en una fosa común del cadáver de Ana Rosa Castiblanco, una trabajadora de la cafetería del Palacio de Justicia, y recientemente ha pasado a ocho.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron en 2005 que los civiles desaparecidos salieron con vida de la sede judicial bajo custodia de la Fuerza Pública --militares y policías--. Hasta ahora, han sido detenidos tres militares por estos hechos.