BOGOTA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general de la nación, Mario Iguarán, ha admitido la presencia de un gran número de narcotraficantes en el controvertido proceso de paz que el Gobierno de Alvaro Uribe lleva a cabo con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
"Si dijéramos que no es posible conceder el beneficio (de la Ley de Justicia y Paz) para cuando se trata de narcotráfico, pues casi que haríamos inoperante e inocua la ley porque, la verdad sea dicha, los grupos armados se han dedicado al narcotráfico", reconoció.
No obstante, el Gobierno ha negado que el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia esté favoreciendo a los narcotraficantes, aunque ha admitido algunos casos, supuestamente, aislados, según recuerda la emisora local 'RCN'.
Varios jefes de las AUC que se desmovilizaron están pedidos en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, pero Uribe suspendió esas entregas porque los requeridos se acogieron al proceso de paz iniciado en 2003.
Para posibilitar ese proceso, el Gobierno presentó e impulsó en el Congreso, mayoritariamente 'uribista', la aprobación de la polémica Ley de Justicia y Paz, que se ha constituido en el marco jurídico del proceso.
La ley ha sido cuestionada por Organizaciones No Gubernamentales, algunos sectores de la oposición política y analistas independientes, porque estiman que concede excesivos beneficios jurídicos a los paramilitares desmovilizados.