Actualizado 23/07/2013 17:32

Fiscalía presenta fotos de dos jóvenes ejecutados por militares

Soldados Colombianos Montan Un Control De Carreteras En Busca De Guerrilleros
JOHN VIZCAINO / REUTERS

Madres denuncian que 19 jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente y luego registrados como guerrilleros


BOGOTÁ, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un perito del Cuerpo Técnico de Investigación de Colombia, y testigo de la Fiscalía, ha revelado fotografías de los cadáveres de dos jóvenes presuntamente ejecutados extrajudicialmente por militares en la céntrica localidad de Soacha y que se sospecha que fueron desplazados para ser registrados como caídos en combate en Ocaña --departamento de Santander--, en el noreste de Colombia.

El perito indicó que cuando llegó a la zona de los hechos --el 15 de enero de 2008--, en Ocaña, el Ejército Nacional había realizado el acordonamiento de la zona donde fueron hallados los cuerpos de los dos jóvenes, y que el sargento Sandro Mauricio Pérez informó sobre un "combate" en el que "se había dado de baja a dos sujetos", según el diario 'El Espectador'.

La Fiscalía acusa a 21 militares por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado de cinco jóvenes, en los sucesos ocurridos en el municipio de Soacha en 2008.

Según la agencia Prensa Latina, el fiscal del caso afirmó que los militares organizaron una red dedicada a buscar jóvenes con promesas de trabajo, conducidos, bajo engaño a Ocaña, en el departamento Norte de Santander.

REGISTRADOS COMO GUERRILLEROS

Un grupo de madres anunciaron el pasado 13 de junio que acudirían a la Corte Penal Internacional para denunciar que 19 jóvenes habían sido ejecutados extrajudicialmente y luego registrados como guerrilleros caídos en combate en 2008, sin que hubiera ningún fallo condenatorio contra los ejecutores de estos crímenes.

Desde el 2008, tras lo ocurrido en Soacha, se denunciaron presuntas ejecuciones extrajudiciales en otros departamentos colombianos como Antioquia, Boyacá, Huila, Valle del Cauca y Sucre, mientras estaba en la presidencia Álvaro Uribe.

En 2009 la Fiscalía General tenía bajo investigación 946 casos y la Procaduría de Colombia 1.043, y en 2010 se liberaron a 40 de los militares supuestamente involucrados en los hechos, bajo la figura jurídica de "vencimiento de términos".