BOGOTÁ, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía colombiana reveló hoy que el Ejército ha cometido ejecuciones extrajudiciales desde el año 2007 en las que han asesinado a jóvenes civiles para presentarlos como supuestos guerrilleros caídos en combates.
La fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, María Cecilia Jaimes, informó de que el cabo Alexander Carretero Díaz confesó que el 5 de diciembre de 2007 fue asesinado un joven en la localidad de Soacha, en el departamento de Cundinamarca (centro de Colombia), para luego ser registrado como una baja en un supuesto enfrentamiento con grupos armados.
La Fiscalía señaló que se trata de una "organización criminal" integrada por militares y civiles que se encargaba de reclutar en Soacha a jóvenes con falsas ofertas de trabajo en Ocaña (departamento de Norte de Santander), donde eran recibidos por uniformados que los ejecutaba.
Jaimes aclaró que esta organización también operaba en otras ciudades del país. "Hay más militares involucrados en esos hechos, que tenían permanencia en el tiempo y arraigo en Soacha y Ocaña. Esto era un patrón que buscaba resultados operacionales", explicó en declaraciones citadas por la emisora local Caracol Radio.
Un juez ordenó ayer el arresto de 17 de los 19 militares implicados en el caso de los llamados 'falsos positivos' en Soacha. Entre ellos, se encuentra el coronel retirado Álvaro Diego Tamayo, quien es acusado por participar activamente en la desaparición de varios jóvenes.
El cabo Carrera Díaz aseguró que el coronel Tamayo "era miembro de la organización criminal, hacía la solicitud para presentar bajas, conseguía recursos del pago de recompensas al sargento Sandro Mauricio Pérez".
Las investigaciones del caso revelan que algunos oficiales manipularon varios documentos al no precisar algunos datos de las ejecuciones de los supuestos guerrilleros. "Los informes tenían fechas futuras, como si ellos supieran lo que iba a pasar", señaló la fiscal Jaimes.
El escándalo de los llamados 'falsos positivos' estalló en octubre del año pasado cuando se determinó que 11 jóvenes campesinos fueron ejecutados y presentados como rebeldes muertos en combate, lo que obligó al Ministerio de Defensa a hacer una purga en la que fueron destituidos una treintena de militares, entre ellos generales y coroneles.