El Gobierno colombiano asegura que Santos será "generoso" con los guerrilleros que renuncien a la violencia
MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez Baltasar Garzón, asesor del Tribunal Penal Internacional (TPI), declaró este lunes que el proceso de paz de Colombia debe basarse en una "conjunción de justicia y verdad". Por su parte, el vicepresidente del país suramericano, Angelino Garzón, aseguró que el presidente, José Manuel Santos, será "generoso" con los guerrilleros que renuncien a la violencia.
El proceso de Justicia y Paz iniciado en 2005 en Colombia "debe establecer claramente sanciones penales para los crímenes catalogados como crímenes contra la Humanidad", declaró el juez Garzón durante la presentación, en la Casa de América de Madrid, del tercer informe del Observatorio Internacional sobre el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y la Ley de Justicia y Paz, elaborado por el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).
"Cinco años después, los resultados son un poco magros debido a la falta de resolución de las sentencias, algo que se justifica por la naturaleza compleja de Colombia", prosiguió el magistrado, quien recordó que faltan sólo tres años para que concluya el periodo establecido por la ley para la consecución de sus objetivos.
En todo caso, advirtió, la solución no ha de pasar sólo por la justicia, "un camino necesario al que no se puede renunciar", sino que se debe avanzar en la búsqueda de la verdad histórica. Esa "conjunción de justicia y verdad", compleja de por sí en cualquier país del mundo, "en el caso de Colombia, en el marco de la violencia, es mucho más complejo", admitió.
Durante el mismo acto, el vicepresidente Angelino Garzón aseguró que su Gobierno se enfrentaba a dos opciones: o hacer como "los Gobiernos anteriores", que abogaban por esperar a que se alcanzase totalmente la paz para poner en marcha el proceso de desmovilizaciones y reparaciones, o seguir por "este camino, complejo y difícil". "En otros países, los procesos de reparación y justicia se llevaron a cabo en un entorno de paz, pero en Colombia no", aseveró.
"El Gobierno luchará de frente, militar, política y judicialmente, contra todos los grupos ilegales, sean guerrilleros, paramilitares, bandas emergentes o narcotraficantes", aseguró. El Ejecutivo, afirmó, no permitirá "que los servidores públicos violen los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario so pretexto de combatir a los grupos ilegales".
Asimismo, "si las guerrillas ponen en libertad sin condiciones a los secuestrados, si cesan el terrorismo y los secuestros, si cesan las prácticas de minas antipersonas, sin ponen en libertad a todos los niños reclutados forzosamente y toman la decisión política de renunciar a la violencia, el presidente Santos tendrá total generosidad para crear un escenario de paz, de reconciliación y reparación", manifestó el vicepresidente.
DESMOVILIZADOS Y TIERRAS
El alto consejero presidencial para la Reintegración, Alejandro Eder, explicó durante el acto que desde 2003 se han desmovilizado alrededor de 51.000 combatientes de grupos ilegales, 35.000 de ellos procedentes de los grupos paramilitares y el resto de las guerrillas, sobre todo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Aparte, de los alrededor de 3.800 hombres armados que continúan combatiendo en grupos ilegales, 1.400 son antiguos desmovilizados. Según Eder, este porcentaje de desmovilizados que han vuelto a las armas "es muy bajo" en comparación con la cifra total de 51.000.
Desde 2006, prosiguió, las fuerzas del orden han capturado o dado de baja a unos 9.000 combatientes irregulares. "Las guerrillas pierden más efectivos por desvinculaciones individuales que por bajas en combate", aseguró. "Muchas personas que están en estos grupos son realmente víctimas, ya que el 47 por ciento fueron reclutadas como menores", añadió.
En cuanto al proceso de devolución de tierras a las víctimas, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, informó de que el Gobierno calcula que al menos dos millones de hectáreas han sido despojadas ilegalmente, según los datos del censo de la Pastoral Social de la Iglesia, aun cuando admitió que algunas fuentes elevan la cifra al doble.
Según el ministro, el Ejecutivo dispone de un millón de hectáreas, procedentes de incautaciones a narcotraficantes y de terrenos baldíos, para repartir entre los campesinos afectados, al margen de los procesos de restitución de las tierras que les fueron efectivamente despojadas.
"LAS MAFIAS"
La intervención más crítica fue la del presidente del Tribunal Supremo de Justicia colombiano, Jaime Arrubla, quien denunció que el principal problema a que se enfrenta el proceso de paz y la búsqueda de justicia en Colombia es la presencia de "las mafias" en el Congreso de la República.
El anterior Congreso de la República "fue cooptado por las mafias" que controlaban "el 40 por ciento" de la Cámara. Según Arrubla, los jueces del Tribunal Supremo que han intentado investigar estos nexos, "el proceso más álgido de la historia de la República", han sido objeto de amenazas de muerte. "Hay magistrados amenazados y magistrados para los que ya se ha pagado su muerte y para los que sólo falta la ejecución", denunció.
El presidente del Supremo insistió, al igual que Baltasar Garzón, en que la solución a los problemas de Colombia debe pasar por la "búsqueda de la verdad histórica" y por la creación de "una Comisión de la Verdad", ya que la mera búsqueda de justicia no es suficiente.
"Si no sabemos qué es lo que pasó, no sabremos qué es lo que hay que perdonar", aseveró. "Justicia va a haber, pero no será posible hacer 50.000 procesos", afirmó. "Pensar que la solución va a ser sólo judicial es una utopía", añadió.